Con guiño oficialista, el Senado avanzó en el debate para ampliar la Corte Suprema

Con el impulso del oficialismo y un acuerdo incipiente con el kirchnerismo, el Senado comenzó a tratar diversos proyectos que proponen una reconfiguración de la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia pondrán sobre la mesa iniciativas que buscan modificar la cantidad de jueces, implementar criterios de género y regionalidad, y responder al fracaso reciente en el intento de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La iniciativa que más respaldo cosechó fue la del senador Juan Carlos Romero, que plantea una Corte de siete miembros, con un límite de cinco del mismo sexo, en línea con las críticas que recibió el oficialismo por la falta de diversidad en sus postulaciones.

El debate no solo se centró en los números. También se discutieron principios como la paridad de género y la representación federal. La senadora Silvia Sapag propuso que al menos el 40% de los jueces sean mujeres, mientras que otros proyectos —como los de Lucila Crexell o Alejandra Vigo— también incorporan cláusulas sobre distribución geográfica y límites mínimos de participación femenina. Desde la Cámara de Diputados, la libertaria Marcela Pagano presentó una propuesta más ambiciosa: una Corte de 21 integrantes, dividida en salas especializadas por materia, un modelo que marcaría un giro profundo en la estructura del tribunal.

En paralelo, el Senado también abordó la reforma de la Auditoría General de la Nación. El bloque de Unión por la Patria impulsa un proyecto que eleva a nueve el número de auditores, con mandatos de cuatro años, repartidos equitativamente entre ambas cámaras. Otra iniciativa, firmada por Romero y Carlos Espínola, mantiene la cantidad actual de miembros pero reduce la duración de sus mandatos. La oposición ya había intentado avanzar en Diputados con la designación de nuevos auditores, pero la falta de quórum frustró la sesión.

A este escenario se sumó la propuesta del diputado Martín Menem, quien promueve que el auditor general sea designado por el Senado a partir de una terna presentada por el principal partido de la oposición. Todos estos movimientos reflejan una búsqueda de reequilibrio institucional, en un contexto de tensiones políticas cruzadas, donde las negociaciones discretas —como las que encabezaron Santiago Caputo y Eduardo "Wado" de Pedro— resultan claves para destrabar acuerdos.