El Gobierno convertirá la Secretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría y recortará su estructura

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será transformada en una subsecretaría, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. Aunque aún no se publicó el decreto correspondiente, el Gobierno anticipó que la medida implicará una reducción del 40 por ciento de la estructura y del 30 por ciento del personal. El área ya había sufrido una importante poda desde el inicio de la actual gestión, con la desvinculación de más de 400 trabajadores, y la eliminación del 39 por ciento de los cargos jerárquicos, según informó el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en marzo pasado.

La sede central de la Secretaría funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde operó uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la última dictadura: la ex ESMA. Desde principios de año, en este predio también se destaca una novedad llamativa: el control de ingresos por parte de personal de la Policía Federal Argentina. A esta situación se suma una serie de disposiciones internas que buscaron restringir la permanencia de trabajadores considerados "revoltosos", así como desplazamientos de directores que no habían sido alcanzados por los recortes iniciales.

En este nuevo escenario, el futuro del Museo Sitio de Memoria ESMA —que mañana cumple diez años— y del Archivo Nacional de la Memoria, instituciones clave para las políticas de preservación y transmisión del pasado reciente, aparece comprometido. Circula un proyecto que prevé traspasar ambas entidades al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que funciona bajo el paraguas de la UNESCO pero que actualmente se encuentra sin autoridades designadas. La propuesta surgió del Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

Organismos de derechos humanos y referentes provinciales expresaron su preocupación por el rumbo adoptado. Delfor "Pocho" Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja, advirtió en un comunicado que las modificaciones propuestas representan un intento por "devaluar, de mínima, y en realidad destruir como máximo objetivo, las estructuras que fortalecieron y constituyeron un ejemplo en el mundo de institucionalidad democrática en materia de Memoria, Verdad y Justicia". La Secretaría, creada en 2002, fue clave en la reapertura de los juicios de lesa humanidad y en la recuperación del archivo de la CONADEP. Su reducción institucional despierta inquietudes que trascienden lo administrativo.