La Corte Suprema vuelve a favorecer a genocidas: Rosatti y Rosenkrantz reeditan el espíritu del 2x1

En plena antesala de las elecciones nacionales, la Corte Suprema de Justicia volvió a encender el debate por los crímenes de la última dictadura. Con las firmas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y el acompañamiento de dos conjueces, el máximo tribunal resolvió exigir a los jueces una justificación "minuciosa" para mantener en prisión preventiva a los acusados por delitos de lesa humanidad. La medida, dictada en el caso de Carlos "Indio" Castillo —condenado en 2017 a prisión perpetua por su participación en la Concentración Nacional Universitaria (CNU)—, fue leída por organismos de derechos humanos como un paso atrás en el proceso de justicia que llevó décadas construir.

El fallo, al revocar la extensión de la prisión preventiva dispuesta por la Cámara de Casación, sostiene que "un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse en sí mismo". Los jueces del máximo tribunal plantearon que cada prórroga de detención debe estar sostenida por "indicios concretos" que justifiquen el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En el texto, incluso se menciona la edad y las condiciones de salud de los acusados como elementos que podrían influir en la decisión de liberar a procesados por delitos de lesa humanidad.

Para las organizaciones de derechos humanos, esta reinterpretación del precedente "Acosta" de 2012 —que había limitado los beneficios a represores como Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta— implica un giro preocupante. Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, sostuvo que "la Corte impone estándares más restrictivos en contextos donde los juicios ya son lentos e interminables". En jurisdicciones como La Plata, explicó, las audiencias se celebran con demoras y jueces subrogantes, lo que vuelve aún más complejo el sostenimiento de las causas sin el riesgo de impunidad.

El nuevo fallo reabre heridas profundas en la memoria argentina y revive el recuerdo del intento del 2x1, también impulsado por Rosatti y Rosenkrantz en 2017 y finalmente revertido por la presión social. Con más de 30 represores aún en prisión preventiva y 28 con condenas no firmes, los organismos alertan sobre un posible "efecto dominó" de pedidos de libertad. La decisión del máximo tribunal no solo genera repudio en los espacios de derechos humanos, sino que reaviva la discusión sobre el rol de la Justicia en la defensa del pacto democrático de "Memoria, Verdad y Justicia", una deuda que la sociedad argentina no está dispuesta a renegociar.