Condenaron a un pastor de Mocoretá por un hecho de abuso contra un menor
Recibió siete años de prisión por un episodio ocurrido dentro de un templo donde ejercía liderazgo espiritual. La Justicia consideró que se valió de su rol religioso para cometer el hecho.

El Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres condenó este jueves a un pastor evangélico a siete años de prisión por un delito contra la integridad sexual de un adolescente. El episodio tuvo lugar en 2020 en la localidad correntina de Mocoretá, en el interior de un templo donde el acusado ejercía funciones de liderazgo espiritual y realizaba prácticas de oración y contención.
Según el fallo, el acusado convocó al menor con el argumento de realizar una intervención espiritual destinada a "liberarlo de energías negativas". En ese contexto, y aprovechando su ascendencia sobre la víctima, manoseó a la víctima. El tribunal consideró que hubo abuso de poder, manipulación emocional y aprovechamiento de la confianza construida con la familia.
La causa, caratulada como N° 18/25, fue juzgada bajo la figura de "abuso sexual simple agravado por condición de ministro de culto", en los términos del Código Penal. Los magistrados destacaron que el rol del imputado dentro del espacio religioso, si bien informal desde el punto de vista institucional, tenía una fuerte carga simbólica que influyó en la conducta del adolescente, limitando su posibilidad de consentir libremente.
En los fundamentos del fallo, los jueces expresaron que la conducta del acusado estuvo viciada por un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad del joven, tanto desde lo emocional como desde lo espiritual. Se mencionó que el contexto en el que ocurrió el hecho —un espacio de oración y contención— fue utilizado de forma indebida, con fines personales ajenos a su función religiosa.
El tribunal, integrado por Marcelo Pardo, Marcelo Fleitas y Agustín Gatti, subrayó que en este tipo de situaciones debe protegerse especialmente a los adolescentes frente a relaciones de poder que puedan condicionar su voluntad. Además, invocaron tratados internacionales que resguardan los derechos de niñas, niños y adolescentes, y remarcaron la responsabilidad del Estado en prevenir este tipo de hechos y sancionar con firmeza a quienes los cometan desde posiciones de influencia.
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