Peajes sin control en Chaco y Corrientes: continúa el paro por tiempo indeterminado

Peajes sin barreras, sin recaudación y con más de 300 familias en vilo. Así se resume la situación que atraviesan los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) en Chaco y Corrientes, en el marco de un paro nacional que ya lleva tres días consecutivos. La medida afecta a los diez tramos operados por la empresa estatal mixta Corredores Viales S.A., cuya concesión venció recientemente.

Roberto López, delegado gremial del SUTPA en la región, confirmó a N9 que las barreras permanecen levantadas en puntos estratégicos como Macallé, Riachuelo, Santa Ana, Ituzaingó y Colonia Victoria, entre otros. "Nuestra medida de fuerza es por mejoras salariales, seguridad e higiene", explicó. 

El delegado aseguró que no se trata solo de una cuestión económica: "Estamos en estado de alerta y movilización por nuestros puestos laborales, que están en peligro. La empresa está preparando los números para echar a la gente y estatizar sin garantizar continuidad laboral".

Según López, la situación en Chaco y Corrientes afecta a más de 300 familias. "No se está recaudando, ni la parte administrativa está trabajando. Lo único que se mantiene activo es el servicio de seguridad vial, porque no podemos dejar a los usuarios a la deriva", puntualizó.

Desde el gremio denuncian que Corredores Viales intimó a los trabajadores a volver a sus puestos, argumentando que el paro es ilegal. Sin embargo, López defendió la legitimidad de la protesta: "Nuestra herramienta es la medida de fuerza, la cual está amparada por la Constitución".

Además, indicó que la empresa se encuentra intervenida y que actualmente "una funcionaria de apellido Adén está revisando los números. La empresa está en rojo, y aparentemente los números en rojo somos los trabajadores".

Frente a la falta de diálogo, el SUTPA anunció que el paro continuará por tiempo indeterminado. "Generalmente en estos casos se convoca a una conciliación obligatoria, pero hasta ahora no hubo ningún acercamiento. Seguiremos con las barreras levantadas hasta que haya respuestas", aseguró López.

El conflicto se da en un contexto de transición en la administración de rutas nacionales. Con el fin de la concesión, el Estado nacional no renovó el contrato con Corredores Viales y sería Vialidad Nacional quien asumiría las tareas de mantenimiento. Sin embargo, los trabajadores denuncian que no hay garantías de continuidad para los empleados, lo que agudiza la incertidumbre laboral en el sector.

Mientras tanto, el impacto económico también es evidente: no se cobra peaje desde hace días, lo que implica una pérdida de ingresos para el sistema vial y una situación de informalidad en el uso de las rutas.