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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
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El Gobierno bajará la edad de imputabilidad a 13 Años

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el proyecto para reducir la edad de imputabilidad avanzará con el nuevo límite fijado en 13 años, tras analizar un aumento de delitos cometidos por menores.

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El Gobierno ha dado un paso decisivo hacia la reducción de la edad de imputabilidad en el país, proponiendo bajarla a 13 años. Esta iniciativa, confirmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca responder a un creciente número de delitos cometidos por menores de esa edad.

"Originalmente consideramos fijar la edad en 14 años, pero observamos un número significativo de delitos cometidos por chicos de 13 años", explicó Cúneo Libarona. "Esto nos llevó a reconsiderar y decidir que la edad de imputabilidad quedará anclada en los 13 años".

El ministro señaló que esta decisión se tomó después de varios meses de trabajo y análisis de datos estadísticos y legislación internacional. "Estábamos entre 13 y 14 años, pero los informes y comparaciones con otros países nos ayudaron a definir la edad en 13 años", agregó.

El proyecto ha sido desarrollado en estrecha colaboración con el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. Afirmó haber tenido un diálogo constante con el equipo de Bullrich.

Bullrich, por su parte, había mencionado previamente que el debate consideraba edades de imputabilidad de 14, 13 y hasta 12 años, como es el caso en algunos países de la región. "Estamos evaluando cómo estas medidas han afectado a la sociedad en países que han implementado edades de imputabilidad más bajas", indicó.

El objetivo del proyecto es no solo castigar a los jóvenes infractores, sino también prevenir que menores que cometen delitos menores escalen a crímenes más graves. "Debe haber una pena mayor para los delitos de sangre, pero también es crucial intervenir temprano para que los menores no reincidan en delitos mayores", puntualizó Cúneo Libarona.

La propuesta ha generado un intenso debate público y político. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una forma de mejorar la seguridad, otros advierten sobre los posibles impactos negativos en los jóvenes y la necesidad de políticas preventivas y educativas.

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