El gobierno denunció una lista de "protegidos" kirchneristas de la AFIP de Macri
Según el gobierno, habrían descubierto una red de 50 intocables para el fisco. Sin embargo, era lo contrario: el macrismo había armado un sistema de persecución para empresarios y dirigentes opositores.
El gobierno actual ha salido a desmentir la supuesta existencia de una red de "protegidos" kirchneristas dentro de la AFIP durante el macrismo. Según fuentes oficiales, las auditorías realizadas en 2020 demostraron que en realidad el gobierno de Mauricio Macri utilizó al organismo recaudador como una herramienta de hostigamiento fiscal contra empresarios, dirigentes y empresas opositoras. Entre las irregularidades detectadas figuran ingresos no autorizados a sistemas internos, violaciones al secreto fiscal y la falta de notificación a los contribuyentes involucrados.
Entre los nombres mencionados en el listado de "protegidos" figuran figuras y empresas vinculadas al kirchnerismo, como Lázaro Báez, la familia Kirchner, y firmas como Oil Combustibles y Hotesur. Sin embargo, las investigaciones revelaron que estas entidades fueron objeto de persecuciones y operativos que incumplieron con principios básicos de neutralidad y trato igualitario. Según la denuncia presentada, los llamados "grupos de tareas" de la AFIP eran equipos diseñados específicamente para armar causas fiscales contra los opositores.
La gravedad de las acusaciones no termina en las prácticas de la AFIP. Según la denuncia, la persecución fiscal formaba parte de un entramado más amplio que incluía a la mesa judicial, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y sectores del poder judicial. Estas instituciones habrían operado en conjunto para perseguir a los opositores políticos y empresariales, generando un clima de intimidación generalizado.
La narrativa oficial del macrismo, que sostiene la existencia de una supuesta protección a empresas kirchneristas, se desmorona al observar los resultados de la persecución: muchas de las empresas involucradas quedaron paralizadas o bajo intervención judicial. El gobierno actual asegura que esta maniobra buscaba encubrir el verdadero uso político de la AFIP durante aquellos años.
