La CPM denunció que la policía hizo inteligencia en la exEsma
Despidos masivos, cierre de programas clave y espionaje ilegal marcan una gestión que desarticula las bases de los derechos humanos
El desmantelamiento de las políticas de memoria y derechos humanos por parte del gobierno sumó un nuevo episodio: el espionaje ilegal en el corazón de la lucha por la verdad y la justicia. Durante la protesta del 27 de diciembre en la exESMA, personal policial de civil se infiltró entre los manifestantes, realizando videofilmaciones prohibidas por ley. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha solicitado a la justicia federal investigar estas acciones, que violan derechos fundamentales.
La movilización, convocada para rechazar los despidos masivos y el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, reunió a miles en defensa de la memoria. Sin embargo, la presencia de agentes encubiertos no identificados, observados interactuando con la Policía de la Ciudad, marcó un inquietante precedente. Según la CPM, estas prácticas evidencian una política sistemática para restringir el derecho a la protesta y recolectar información política sin autorización judicial.
"Que esto ocurra en un espacio de memoria como la exESMA es de una violencia simbólica inaceptable", afirmó Sandra Raggio, directora de la CPM. Las imágenes y testimonios recopilados durante la jornada demuestran un intento por intimidar a trabajadores y organizaciones sociales, en medio de un contexto de vaciamiento institucional. Estas acciones no solo vulneran leyes nacionales, sino que reflejan un desprecio absoluto por los valores de memoria, la verdad y justicia.
El cierre del Conti y los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos son solo una parte del ataque. La gestión actual ha desmantelado programas esenciales y reducido a los trabajadores a una "guardia pasiva", impidiéndoles incluso ingresar al espacio. Estas decisiones han sido calificadas como "cínicas e inhumanas" por organismos de derechos humanos, que ya han iniciado denuncias en instancias nacionales e internacionales.
Pese al intento del gobierno por minimizar las críticas, la preocupación crece. La promesa de "reestructuración" no convence en un marco donde el discurso oficial aboga por una "memoria completa", alineándose con sectores que históricamente niegan el terrorismo de Estado. Este giro ideológico no solo amenaza la continuidad de políticas reparatorias, sino que también atenta contra la historia construida colectivamente desde el retorno a la democracia.
La resistencia, sin embargo, no se ha hecho esperar. Organizaciones, referentes políticos y trabajadores mantienen su compromiso con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. La defensa del Conti y de la exESMA como espacios de reflexión y reparación sigue viva.
