Cristina Kirchner reclamó la restitución de sus jubilaciones de privilegio

Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación y líder del Partido Justicialista, interpuso un recurso administrativo de nulidad ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Busca revertir la decisión que suspendió su jubilación de privilegio como ex mandataria y la pensión otorgada como viuda del ex presidente Néstor Kirchner. El planteo sostiene que esta resolución contradice derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en la legislación nacional. 

El escrito, firmado por su apoderado Facundo Fernández Pastor, cuestiona la potestad de ANSES para cancelar unilateralmente estos beneficios, calificando la medida como arbitraria e ilegal. Según el documento, la suspensión debería haberse resuelto a través de un proceso judicial, ya que la normativa vigente no otorga facultades al organismo para proceder de esta manera. Por lo tanto, la resolución administrativa que determinó la baja de los haberes sería, en palabras del recurso, de "nulidad insanable".  

El reclamo incluye la devolución de los montos retenidos durante el tiempo en que estuvieron suspendidos, junto con los intereses generados. La decisión de ANSES tuvo lugar tras la confirmación judicial de la condena contra Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, donde se le impuso una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Desde el Ejecutivo argumentaron que la percepción de estas asignaciones era incompatible con los principios de honor y mérito que justifican los beneficios de la Ley 24.018.

El conflicto adquiere un tono jurídico-político al citar la defensa jurisprudencia de la Corte Suprema, que limita la cancelación de estas jubilaciones solo a casos de destitución mediante juicio político durante el ejercicio del cargo. Mientras tanto, el Gobierno asegura que la ex presidenta aún podrá percibir una jubilación ordinaria basada en sus aportes, pero sin los montos adicionales otorgados bajo el régimen especial. Esta disputa se enmarca en un debate más amplio sobre los privilegios que representan estas asignaciones en un contexto de crecientes cuestionamientos sociales y políticos.