Juicio político a Peña: el Senado pasó a cuarto intermedio sin resolver la prórroga

El Senado paraguayo retomó este viernes el juicio político contra Santiago Peña, pero volvió a suspender la sesión sin resolver el pedido de prórroga de 72 horas que presentó el mandatario para preparar su defensa. Tras una breve deliberación, los senadores pasaron a un cuarto intermedio hasta las 11:30.

La sesión había comenzado pasadas las 10:40. El planteo que frenó la definición fue del senador Ever Villalba (PLRA). Sostuvo que, para cuidar el Estado de derecho, cualquier solicitud ante la Cámara juzgadora debe presentarla el propio procesado o sus abogados. Por eso se pidió que Peña o su defensa se presenten en la sede legislativa. El colorado Derlis Maidana propuso rechazar el pedido en ese momento. Argumentó que la resolución que rige el proceso no admite incidentes. Sin embargo, la moción de Villalba se impuso.

Peña había hecho el reclamo por escrito al titular del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez. Allí explicó que recibió la notificación a las 22:15 del jueves, junto con un libelo acusatorio de 15 páginas y unas 300 fojas de anexos. A su entender, ese plazo no alcanza para ejercer su defensa.

Esta mañana confirmó a través de sus redes sociales que lo representarán los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. "Estamos esperando que el Senado otorgue mi solicitud de prórroga del plazo para ejercer mis derechos constitucionales de defensa, ante su notoria insuficiencia", escribió. Ferreiro ya defendió en 2012 al expresidente Fernando Lugo, que fue destituido en un juicio político.

Un Senado dividido

El diputado liberal Rodrigo Blanco, uno de los fiscales acusadores, dijo que la decisión sobre la prórroga le corresponde a la Cámara Alta. "Es una decisión que queda ya a cargo del pleno soberano del Senado", afirmó.

Entre quienes están a favor de darle más tiempo está la senadora liberal Celeste Amarilla. Propuso un plazo de 48 horas para garantizar el debido proceso y evitar que Peña recurra después a la Justicia o a organismos internacionales para cuestionar una eventual destitución. "La Constitución no se interpreta, la Constitución se cumple", sostuvo. También aclaró que es una postura personal, que no acordó con su bancada.

Del otro lado, el senador liberal Líder Amarilla calificó el pedido de "chicana". Afirmó que los plazos del proceso son perentorios e improrrogables y reclamó que el juicio avance sin demoras: "Hoy el tribunal tiene que dictar sentencia y destituirlo". El colorado Gustavo Leite usó el mismo término y consideró que el mandatario solo busca ganar tiempo.

El senador Rubén Velázquez coincidió en que Peña intenta dilatar el proceso y aseguró que hay mayoría para rechazar la postergación. El colorado Carlos Núñez anticipó que su bancada, 11 de Septiembre, y sus aliados no acompañarán las 72 horas. Además, pidió que el juicio termine este mismo viernes con la destitución.

Antes del inicio de la sesión, Núñez había anticipado que la tendencia era no conceder el plazo. Igualmente, convocó a los líderes de bancada para analizar el planteo, ante el riesgo de cuestionamientos internacionales.

Cómo sigue el proceso

El juicio político comenzó formalmente el jueves, cuando la Cámara de Diputados aprobó la acusación por unanimidad, con 78 votos. Diputados designó ocho fiscales para sostenerla ante el Senado, que se constituyó como tribunal con sus 45 miembros.

El cronograma prevé cinco sesiones extraordinarias. La primera fue para conformar el tribunal y recibir la acusación, y la segunda es la de este viernes, para la defensa. Después vendrán la evaluación de las pruebas, los alegatos y la votación nominal. Para destituir al presidente hacen falta 30 de los 45 votos.

Peña sigue formalmente en el cargo. El jueves presentó su renuncia, pero la sesión bicameral convocada para tratarla quedó sin quórum cuando los legisladores colorados se retiraron del recinto.

El proceso se originó por el colapso de Ueno bank. El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el martes un procedimiento de resolución sobre la entidad tras detectar problemas de solvencia. La medida dejó bloqueados los ahorros de millones de clientes y fondos de organismos públicos. Desde entonces hubo protestas de ahorristas frente al Congreso. Legisladores opositores y colorados disidentes impulsaron la acusación, que atribuye al mandatario mal desempeño de sus funciones por su responsabilidad en la crisis bancaria.