Rodeado de sus abogados, Peña exigió más plazo para el juicio político

Santiago Peña pidió al Congreso 72 horas más para ejercer su defensa en el juicio político que enfrenta tras el escándalo de Ueno bank y su renuncia fallida. El mandatario sostuvo que el tiempo que se le otorgó es insuficiente para que el proceso cumpla con los estándares de un Estado de derecho y que, sin una prórroga, no se respetarían los plazos procesales.

El juicio comenzó el jueves a las 10:00 en la Cámara de Diputados. El Senado le notificó la acusación a las 22:15 y lo convocó para este viernes a las 10:00 a una sesión extraordinaria. En total, tuvo menos de 12 horas para preparar su descargo. Según Peña, la extensión del libelo acusatorio hace imposible responderlo en ese tiempo.

El planteo, sin embargo, choca con lo que su propio Gobierno defendió hace apenas una semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 30 de octubre, en una audiencia por la demanda que presentó el expresidente Fernando Lugo contra el Estado paraguayo, la representación oficial sostuvo que en el juicio político de 2012 se respetaron las garantías constitucionales.

El argumento ante la CIDH

En esa audiencia, el Estado argumentó que la Constitución no establece un tiempo mínimo para el juicio político. Según su postura, el artículo 225 fija las causales y el órgano que juzga, pero deja en manos del Congreso la definición del procedimiento y los plazos de cada caso, sin equipararlo a un proceso penal ordinario.

La representación estatal también sostuvo que la celeridad de aquel proceso respondió a la facultad exclusiva del Senado de dictar su propio reglamento. Agregó que la aprobación de una resolución específica para fijar los tiempos de traslado, descargo y alegatos es una práctica legislativa habitual.

Los tiempos de Lugo

El caso de Lugo sirve de referencia directa. El 21 de junio de 2012, Diputados formuló la acusación sobre tablas y el Senado lo notificó a las 18:10 de ese mismo día. Fue citado para el día siguiente a las 12:00, lo que le dejó cerca de 18 horas para preparar su defensa, incluidas las horas de la noche. Una vez en el recinto, contó con solo dos horas para exponer sus argumentos. Esa misma jornada fue destituido.

Lugo recurrió entonces a la Corte Suprema por considerar que los plazos violaban su derecho a la defensa, y luego llevó el reclamo a la CIDH, que admitió la causa en 2021.

Ahora, con menos tiempo del que tuvo Lugo, Peña invoca el mismo argumento que su Gobierno rechazó ante el organismo interamericano: que los plazos del juicio político no alcanzan para garantizar una defensa adecuada.