El Gobierno reglamentó la ley que permite concesionar obras y servicios públicos

El Gobierno del Chaco reglamentó la Ley 4269-K, que establece un nuevo régimen de concesiones de obras y servicios públicos y de iniciativas privadas en la provincia. La medida fue oficializada este viernes 30 de octubre mediante el Decreto 2626/26, firmado por el gobernador Leandro Zdero y publicado en el Boletín Oficial. La normativa define los procedimientos para seleccionar empresas, adjudicar contratos y controlar las prestaciones. En materia de servicios públicos, el régimen alcanza a los vinculados con puertos y transporte, mientras que SECHEEP y SAMEEP quedan expresamente excluidas.

Según la reglamentación, las concesiones deberán otorgarse mediante licitaciones públicas nacionales o internacionales. Antes de convocarlas, los organismos provinciales tendrán que presentar estudios de viabilidad técnica, jurídica, económica, financiera y ambiental, además de evaluar los costos y riesgos de cada proyecto. Los contratos podrán contemplar ingresos mediante tarifas, peajes o cánones, según las condiciones establecidas. El Poder Ejecutivo aprobará los pliegos, las adjudicaciones y las modificaciones importantes, mientras que aquellas concesiones que superen los 20 años de duración necesitarán la ratificación de la Legislatura.

Otro aspecto central es la posibilidad de que empresas privadas presenten proyectos de inversión al Estado provincial. Para evaluar estas propuestas se creó una Comisión Especial para la Iniciativa Privada, encabezada por la Secretaría de Coordinación de Gabinete. Los interesados deberán informar las características de sus proyectos, las inversiones previstas, las fuentes de financiamiento y los posibles impactos ambientales y sociales. La presentación no garantiza una concesión, aunque los proyectos declarados de interés público podrán participar de licitaciones con determinadas preferencias, incluida la posibilidad de mejorar una oferta cuando la diferencia económica no supere el 15%.

Finalmente, la reglamentación establece mecanismos de supervisión y control sobre las empresas concesionarias, que deberán facilitar inspecciones, entregar información y permitir auditorías sobre el cumplimiento de sus obligaciones. La Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura también recibirá informes sobre las adjudicaciones, prórrogas y finalizaciones de contratos. Además, cuando concluya una concesión, las obras y la infraestructura involucradas deberán regresar al patrimonio provincial. De esta manera, el Ejecutivo busca establecer un marco para incorporar inversiones privadas en infraestructura y determinados servicios, manteniendo facultades estatales de regulación y fiscalización.