Diputados aprobó la ley de propiedad privada por 124 votos a 119

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles 21 de octubre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en una reñida votación que cerró con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Como se introdujeron modificaciones sustanciales respecto del texto que el Senado había aprobado el 6 de agosto, el expediente deberá regresar a la Cámara alta para su tratamiento definitivo.

Uno de los pilares de la iniciativa es acelerar la recuperación de inmuebles, tanto urbanos como rurales, mediante demandas que tramitarán por juicio sumarísimo. En los alquileres habitacionales con falta de pago, el propietario deberá intimar de manera fehaciente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para saldar la deuda. Si persiste el incumplimiento, se habilitará la vía judicial, con una orden de restitución en 10 días hábiles y la posibilidad de requerir la desocupación inmediata bajo caución juratoria. Si se comprueba que el locador ocultó información para lograr un desalojo veloz, se le aplicará una sanción de hasta diez meses de alquiler. Además, ante causales como deterioro del inmueble o uso indebido, el juez deberá realizar una inspección ocular dentro de las 72 horas junto al defensor oficial y, si hay menores, adultos mayores desamparados o personas con discapacidad, avisar a los organismos de asistencia social, sin que eso frene el expediente.

El proyecto también modifica la Ley de Expropiaciones para elevar las exigencias al Estado. La utilidad pública se aplicará con criterio restrictivo y la valuación del inmueble se calculará tomando como fecha base el día previo a cualquier acto o anuncio oficial. Los montos se actualizarán por el IPC más una tasa de interés del Banco Nación, se contempla una compensación por lucro cesante con un tope general del 30% del daño emergente y queda vedada la transferencia de dominio al Estado hasta que se pague la indemnización completa. La ocupación temporánea anormal solo podrá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo por un máximo de 90 días, prorrogable por única vez.

Otro punto central es la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, lo que reactiva la vigencia plena de la Ley de Tierras Rurales (26.737) y restituye el tope del 15% para la posesión de tierras por parte de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, revirtiendo la desregulación que había impulsado el Gobierno. Por último, el texto modifica la Ley 17.801 para modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble, con ingreso de documentación en formato electrónico, firma digital y herramientas que garanticen la trazabilidad e inalterabilidad de los asientos.