Romper un silobolsa podrá costar hasta ocho años de cárcel

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto que incorpora al Código Penal la figura del vandalismo rural. Prevé penas de hasta ocho años de prisión para quienes dañen la producción agropecuaria. La iniciativa obtuvo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El texto fue impulsado por el diputado pampeano Martín Ardohain, del PRO, y tiene entre sus firmantes al legislador chaqueño Guillermo Agüero, de la UCR. Antes de la sesión había reunido el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, Provincias Unidas y varios bloques provinciales. Se votó en una extensa sesión en la que la Cámara también dio media sanción, entre otros temas, a un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

El proyecto tiene dos artículos. El primero crea el artículo 150 bis, que castiga con prisión de un mes a un año a quien entre en un establecimiento rural, un terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tiene derecho a impedirle el paso. La pena máxima sube a dos años si el ingreso obstaculiza la actividad productiva o pone en peligro la vida de las personas que están en el lugar o la sanidad de animales y cultivos.

El segundo incorpora el artículo 184 bis. Establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de tres a doce veces el valor del daño para quienes destruyan, inutilicen o dañen silobolsas, granos almacenados, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes ligados a la actividad, cuando eso afecte el funcionamiento normal del establecimiento. El dictamen que llegó al recinto extendía la misma sanción a los daños sobre paneles solares, bombas sumergibles, generadores y sistemas de riego.

La condena puede llegar a 10 años de prisión en tres casos: cuando el daño lo cometen tres o más personas de manera coordinada, cuando provoca la pérdida total de la producción o cuando frena el ciclo productivo.

Los cambios en el recinto

El texto final incluyó modificaciones propuestas por el diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador e integrante de Unión por la Patria. Durante semanas, Gutiérrez había advertido que la versión original repetía figuras que ya existen en el Código Penal y que, en algunos artículos, fijaba penas menores a las vigentes. Según su planteo, cuando dos normas se superponen, los jueces están obligados a aplicar la más benigna, lo que terminaría beneficiando a los acusados.

Gutiérrez había presentado en 2020, junto a Sergio Massa, un proyecto propio sobre daño agravado a la producción agropecuaria, que no llegó a sancionarse. Los agravantes que se incorporaron en las últimas horas surgieron de esas negociaciones.

Qué dijeron los autores

Durante el debate, Ardohain sostuvo que la norma no apunta a proteger la propiedad, que ya está cubierta por las figuras de usurpación y daño. Según explicó, busca resguardar la libertad y la intimidad de quienes viven en el campo y "la posibilidad de sentirse tranquilo en un terreno cercado".

Cuando el proyecto obtuvo dictamen, a principios de octubre, Agüero había señalado que entrar a un campo ajeno o romper un silobolsa dejaría de quedar sin castigo. "Se acabó la impunidad para los que atentan contra la producción", afirmó entonces el diputado chaqueño, que presentó la iniciativa como una defensa de las familias rurales y de los productores del interior.

La rotura de silobolsas, el ingreso a campos y los daños a cultivos e instalaciones son un reclamo de larga data del sector agropecuario, que venía pidiendo una figura penal específica para este tipo de hechos.