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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
POLÍTICA

Milei y Presti declararon secreto militar una nueva compra para las FFAA

Es al menos el quinto decreto de este tipo en la gestión libertaria, pero el primero que no menciona a los F-16. Desde diciembre de 2023, el Estado ya destinó USD 445 millones a equipamiento militar y de seguridad.

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El Gobierno nacional declaró secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida se oficializó con el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Lo firman el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.

La norma pone bajo reserva todas las operaciones contractuales de la adquisición. Por eso no se conoce qué material se compra, cuánto cuesta, quién lo provee ni a qué fuerza está destinado. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa quedó a cargo de los trámites para concretarla.

Para fundamentar la decisión, el Ejecutivo invocó la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63. Este último considera secreto militar cualquier compra, fabricación o construcción de importancia fundamental para preparar y emplear a las fuerzas. Con esa clasificación, los organismos contratantes no tienen que cumplir las reglas de publicidad que rigen para el resto de las compras del Estado.

La decisión llega en medio de una escalada diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, Milei anunció sanciones contra petroleras que operan en el archipiélago sin autorización argentina y presentó denuncias penales contra varias de ellas. También ordenó iniciar un arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion, y dispuso la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

Londres respondió con la convocatoria a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta. Además, el primer ministro británico, Andy Burnham, advirtió ante el Parlamento que su gobierno será "implacable" en la defensa de los derechos de los isleños.

Desde el inicio de su gestión, el Gobierno usó esta figura al menos cuatro veces. Tres decretos de 2024, el 370, el 807 y el 1073, correspondieron a la incorporación de los cazas F-16 comprados a Dinamarca. Cubrieron la compra, la infraestructura y los contratos complementarios gestionados por el programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS). El cuarto, el 735/26, se aplicó a la exportación temporal de material de esos aviones para mantenimiento y actualización.

Esta vez, en cambio, el trámite corre por un expediente distinto y el texto no menciona a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. Así, queda abierta la pregunta sobre el destino de la compra.

Un relevamiento basado en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y en acuerdos bilaterales calculó el gasto del período. Entre diciembre de 2023 y agosto de este año, el Estado destinó más de USD 445 millones a armamento y equipamiento militar y de seguridad. Es más de lo que invirtió en ese rubro toda la gestión de Alberto Fernández (USD 428,7 millones) y unas seis veces lo de Mauricio Macri (USD 72 millones), aunque Milei todavía no cumplió tres años de mandato.

Del total, USD 381,4 millones fueron para las Fuerzas Armadas y USD 63,7 millones para Seguridad. La mayor parte se concentró en 2024, con USD 357,8 millones. En 2025 el monto bajó a USD 59,4 millones, y en lo que va del período relevado de 2026 sumó USD 27,8 millones.

La operación de mayor peso fue la compra de 24 F-16 a Dinamarca, 16 monoplazas y 8 biplazas, acordada en abril de 2024 por USD 301,2 millones en cinco cuotas anuales. Los primeros seis llegaron el 5 de diciembre de 2025 al Área Material Río Cuarto, en Córdoba, y otros seis arribaron en septiembre. La Fuerza Aérea prevé incorporar los 12 restantes antes de diciembre de 2027. Con estos aviones, el país recupera la capacidad de combate aéreo que había perdido en 2015, cuando se retiraron los últimos Mirage.

El reequipamiento alcanzó también a las otras fuerzas. El Ejército acordó con Estados Unidos la compra de 8 blindados Stryker 8x8 por USD 20 millones. El acuerdo deja abierta la opción de ampliar la flota hasta 235 unidades, en versiones de transporte de infantería, evacuación médica, comando y apoyo de fuego.

En marzo, Defensa formalizó además la incorporación de hasta 20 helicópteros UH-60L Black Hawk, con un tope de USD 140 millones. Los primeros cuatro llegarían antes de fin de año para reemplazar a los AS332 Super Puma del Batallón de Helicópteros de Asalto 601.

La Armada sumó cuatro aviones de patrulla marítima P-3 Orion comprados a Noruega por USD 60 millones, para el control del Atlántico Sur y la zona económica exclusiva. A eso se agregan seis helicópteros Bell 407GXi adquiridos a Canadá por USD 32,4 millones y 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones, destinados a la logística del Ejército.

Lo que viene puede ser todavía más costoso. El proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso en septiembre, autoriza deuda por USD 2.300 millones para tres submarinos convencionales y por USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. Los submarinos tendrían base en Mar del Plata y las fragatas, en Puerto Belgrano.

La Armada ya evaluó dos ofertas europeas. La francesa Naval Group propone el Scorpène Evolved, de 72 metros de eslora, 2.000 toneladas y hasta 80 días de autonomía. La alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ofrece el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare, ambos países ofrecieron financiar toda la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.

La decisión depende ahora de Milei. Si se firma, la Argentina recuperaría la capacidad submarina que perdió con el hundimiento del ARA San Juan, en noviembre de 2017, en el que murieron sus 44 tripulantes. Sin embargo, que las partidas figuren en el Presupuesto no equivale a un contrato cerrado. Todo dependerá de la aprobación del Congreso y de las condiciones de financiamiento que se negocien con los fabricantes.

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