Régimen de derribo, bloqueo de activos y cárcel hasta 20 años: así es la ley de Defensa de la Soberanía

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, aunque nació al calor del conflicto por las Islas Malvinas y el avance de la exploración petrolera en el Atlántico Sur, terminó convertido en una reforma de fondo de todo el esquema argentino de seguridad y defensa.

La iniciativa fue anunciada por Milei en cadena nacional el 3 de septiembre, cuando anticipó un giro en la estrategia frente al Reino Unido y adelantó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y de nuevos marcos de protección aeroespacial, marítima y de infraestructura crítica. En su redacción participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el canciller Pablo Quirno, con aportes del ministro de Defensa, Carlos Presti, sobre los capítulos militares. El texto que ingresó al Congreso lleva la firma de Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, Quirno, Presti y el ministro de Economía Luis Caputo.

El fundamento oficial sostiene que la Seguridad Nacional no puede administrarse con herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe, y a partir de esa premisa el proyecto integra política exterior, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura estratégica bajo una conducción común, encabezada por la Presidencia.

Malvinas: sanciones más duras y una cadena de responsables más amplia

El primer eje de la ley reafirma el reclamo argentino sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y exige autorización argentina para cualquier explotación de recursos —ahora también renovables, con impacto directo sobre la pesca— en esos territorios o en la Plataforma Continental. La norma deroga la Ley 26.659 y extiende la responsabilidad más allá de la empresa que opera: alcanza también a socios, financistas, proveedores técnicos y controlantes.

Las sanciones combinan un esquema administrativo —multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, inhabilitaciones de cinco a 20 años y la posibilidad de vetar al infractor para contratar con el Estado o desarrollar actividades en el país— con un capítulo penal que prevé penas de 5 a 20 años según el tipo de actividad no autorizada, incluido el juicio en ausencia.

Un Consejo de Seguridad Nacional con poder de fuego económico

El proyecto crea el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la secretaria de Legal y Técnica. El organismo definirá la Política de Seguridad Nacional y podrá exigir información a cualquier área del Estado nacional y pedir cooperación a provincias y municipios.

Entre sus herramientas más novedosas figura la posibilidad de aplicar, frente a una amenaza externa grave, aranceles de importación y exportación de hasta un 75% al país involucrado, además de bloquear activos, restringir operaciones cambiarias y suspender permisos o contrataciones. El mecanismo recuerda al uso que Donald Trump le dio a la Sección 232 de la legislación estadounidense para justificar aranceles por motivos de seguridad nacional, aunque en el diseño argentino el Consejo es quien administra la medida.

Vuelve el régimen de derribo

La ley restablece un procedimiento de derribo que había existido entre 2016 y 2023. Mauricio Macri lo había habilitado a través de las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA 004); Alberto Fernández lo derogó en marzo de 2023 por decreto, al considerarlo "excesivamente punitivo".

El nuevo esquema es gradual: identificación de la aeronave, declaración de Tránsito Aéreo Irregular u Hostil, demostración de fuerza y, como último recurso, uso de la fuerza para impedir el vuelo, que requiere orden expresa del Presidente —delegable en el ministro de Defensa— con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Nacional.

Un capítulo equivalente regula la actuación sobre buques: crea la figura de "Buque de Interés" para embarcaciones sospechosas, aunque aclara que esa clasificación no habilita por sí sola medidas coercitivas. El hundimiento queda reservado como medida militar extrema contra un buque hostil y está expresamente prohibido como sanción o herramienta policial; requiere autorización presidencial.

Injerencia extranjera, infraestructura crítica y terrorismo

El proyecto también endurece el control sobre el financiamiento extranjero de campañas y crea nuevos delitos: entre 5 y 12 años de prisión para quien, financiado por un Estado u organización extranjera, busque alterar procesos electorales o manipular la opinión pública con desinformación coordinada, pena que sube a 15 años si hay sobornos o coerción.

En paralelo, se crea un régimen nacional de protección de infraestructura crítica —energía, comunicaciones, centros de datos— con estrategias que deberán actualizarse cada cinco años, y se eleva a rango legal el RePET, el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que funcionará dentro de la UIF y podrá ordenar la inmovilización de fondos.

Un incentivo para salir del sistema

La norma incluye un Régimen de Desistimiento y Regularización: quien haya participado de actividades no autorizadas puede sumarse —incluso después de una sanción— si demuestra que cesó la actividad, se compromete a no reincidir y paga una multa o reconvierte sus inversiones hacia actividades legales en el país. Si cumple, se suspenden las causas penales y administrativas, con la posibilidad de que se extinga la acción penal. El beneficio no aplica a reincidentes ni a quienes ya tengan condena firme.