Pese a dos fallos judiciales, el Gobierno sigue sin aplicar la Ley de Financiamiento

La Universidad de Buenos Aires (UBA) profundizará este martes su reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario con una jornada de clases públicas y atención de salud gratuita en la Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía. La actividad, que se extenderá desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, busca visibilizar el pedido para que el Gobierno nacional cumpla con los fallos judiciales que ordenan la actualización salarial y el giro de fondos previstos en la norma.

Según un comunicado oficial de la universidad, los 13 decanos de las distintas facultades dictarán clases magistrales abiertas al público durante toda la jornada. En paralelo, se ofrecerá atención gratuita en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica. También se exhibirán proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, entre ellos un auto de carrera diseñado íntegramente por estudiantes y docentes de la casa de estudios.

El conflicto de fondo tiene su origen en el decreto 759/2025, con el que el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.795 —de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente— pero condicionó su ejecución a que se determinaran fuentes específicas de financiamiento, lo que en la práctica frenó su aplicación. Ante esa demora, el Consejo Interuniversitario Nacional impulsó una acción judicial que derivó en sucesivas medidas cautelares a favor de las universidades.

La más reciente la dictó el juez federal Cormick el 1° de septiembre, en una causa específica de la UBA. El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar "de forma inmediata" las partidas de los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley, correspondientes a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación, y remarcó que el impacto fiscal de la norma equivale a apenas el 0,23% del Producto Bruto Interno.

Ese fallo llegó después de que, el 25 de junio, la Corte Suprema de Justicia dejara firme una cautelar anterior centrada en los artículos 5° y 6° de la ley, en un fallo unánime firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Tras esa resolución, el Poder Ejecutivo y las autoridades universitarias habían firmado un acta acuerdo con un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de hasta 50.000 millones de pesos, además de una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano.

Pese a ese acuerdo, el conflicto no se resolvió. Este martes vence, además, el cuarto intermedio que habían fijado la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario y los gremios docentes y no docentes para discutir la actualización salarial según la inflación acumulada. Si el Gobierno no da respuestas antes de la primera semana de octubre, los gremios universitarios ya anticiparon que convocarán a una quinta Marcha Federal Universitaria.