Diputados dio media sanción a la adhesión argentina al tratado internacional de patentes

La Cámara de Diputados le dio media sanción a la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un instrumento internacional que unifica y simplifica los trámites para proteger invenciones en el exterior. La votación se cerró con 147 votos a favor y 93 en contra, sin abstenciones. Como la Cámara baja introdujo una modificación al texto que había llegado del Senado, el proyecto deberá volver a esa cámara para su aprobación definitiva.

El PCT fue firmado por la Argentina en 1970 y obtuvo media sanción del Senado en 1998, pero quedó más de dos décadas sin tratamiento en Diputados. Se trata de un acuerdo multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del que hoy forman parte 158 países. Su reactivación en el Congreso está directamente vinculada al acuerdo comercial que la Argentina firmó con Estados Unidos a principios de año, que fijó como plazo el 30 de abril para su tratamiento legislativo. El Gobierno demoró esa fecha a la espera de una garantía de la administración norteamericana sobre la baja arancelaria de más de 1600 posiciones, compromiso que terminó de formalizarse en julio.

A pedido de los laboratorios nacionales, la Cámara incorporó una reserva al capítulo II del tratado, que en su versión original habilita al INPI a apoyarse en informes técnicos —no vinculantes— elaborados por oficinas de patentes extranjeras para evaluar nuevas invenciones. Con la reserva, la Argentina adhiere únicamente al capítulo I, el que permite presentar una solicitud unificada de patente.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), principal opositora a habilitar el capítulo II, había advertido sobre el riesgo de que compañías extranjeras extiendan monopolios sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores —el fenómeno conocido como "evergreening"—, lo que demoraría la salida de genéricos al mercado y podría encarecer los precios.

Durante el debate, la diputada Juliana Santillán (LLA), miembro informante del proyecto, sostuvo que el tratado "no concede patentes internacionales ni limita la soberanía de los Estados", ya que cada país conserva la potestad de definir qué innovaciones aprueba. Desde la oposición, Santiago Cafiero (UP) cuestionó la adhesión al considerarla "una concesión dentro de un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina" que, dijo, perdió reciprocidad. Su compañero de bloque, Pablo Yedlin, advirtió que la decisión sobre patentes de medicamentos "multimillonarias" quedará en manos de agentes del INPI con sueldos muy inferiores a esos montos. Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro había pedido aprobar el tratado sin la reserva del capítulo II para evitar que vuelva al Senado, y atribuyó la demora de 56 años al lobby farmacéutico.

De convertirse en ley, el tratado permitirá iniciar los trámites de patentamiento directamente desde la Argentina, a través del INPI, sin recurrir a oficinas extranjeras como ocurre en la actualidad, y ampliará de 12 a 30 meses el plazo de prioridad para proteger una invención. El impacto se concentraría principalmente en dos sectores: el agropecuario, por los desarrollos vinculados a semillas, y el farmacéutico, por la creación de nuevos medicamentos.