Reforma constitucional en San Luis: topes a la reelección, fin de las elecciones de medio término y reglas para la IA

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, avanza con un proyecto de reforma constitucional que busca desarticular la reelección indefinida vigente desde 1987, cuando la provincia quedó bajo la hegemonía política de los hermanos Rodríguez Saá. La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado provincial y ahora deberá conseguir los dos tercios en Diputados para avanzar.

El Senado dio despacho favorable el martes 18 de agosto, con seis votos a favor y tres en contra, el número necesario para alcanzar la mayoría especial que exige este tipo de reformas. El esquema aprobado contempla la modificación de 23 artículos de la Constitución provincial, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos nuevos.

El punto central del proyecto es la limitación del mandato del gobernador a dos períodos, consecutivos o alternados, en un esquema inspirado en el modelo constitucional de Estados Unidos. Se trata de un cambio que desarma la arquitectura institucional diseñada en 1987 por los hermanos Rodríguez Saá, que había habilitado la reelección indefinida en la provincia.

Poggi incluyó una cláusula para que su primer mandato se compute a partir de 2023, lo que le permitiría postularse a una reelección el año próximo. De ganar esos comicios, sería su tercer mandato al frente de la provincia. "Soy el único ciudadano de San Luis que no podrá ser gobernador durante dos períodos más", sostuvo el mandatario ante la prensa, al defender la iniciativa de acusaciones opositoras que la vinculan con un intento de proscribir a otros dirigentes.

La reforma también elimina la elección de medio término para renovar la Legislatura, integrada por nueve senadores y 43 diputados. Con la corrección de un dato del material original: los legisladores elegidos en 2025, cuyo mandato vence en 2029, verían extendido su período hasta 2031 de manera excepcional, para que ambas cámaras se renueven íntegramente junto con la elección de gobernador a partir de esa fecha. El proyecto también amplía el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que pasaría de ocho a nueve meses y medio, del 15 de marzo al 31 de diciembre.

El exdiputado radical José Luis Riccardo calificó la extensión de los mandatos legislativos como un "fraude a la Constitución" y una "traición al voto popular". Constitucionalistas consultados por medios provinciales señalan, en cambio, que este tipo de cláusulas transitorias son habituales en procesos de reforma de este tipo.

Entre los cambios adicionales, la reforma otorga jerarquía constitucional al agua, declarada derecho humano y recurso estratégico, y crea un organismo específico de gestión dirigido por un funcionario técnico designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, con mandato de cinco años. También incorpora un artículo sobre inteligencia artificial impulsado a pedido del obispo Gabriel Bernardo Barba, inspirado en la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, que contempla principios sobre identidad digital, uso ético de la tecnología, protección de la dignidad humana ante los algoritmos y acceso universal a la conectividad. La Iglesia había solicitado que se garantice el control humano sobre la IA. El proyecto suma, además, la incorporación del hábeas data como mecanismo de protección de datos personales.

En el plano judicial, la reforma fija un límite de 75 años para la permanencia de los jueces en sus cargos, en sintonía con la Constitución Nacional, y crea el Ministerio Público de la Defensa, mientras mantiene el Ministerio Público Fiscal bajo el sistema acusatorio. Para la selección de jueces, fiscales y defensores se incorpora un "orden de mérito" elaborado por el Consejo de la Magistratura provincial, en base a concursos de antecedentes; el Poder Ejecutivo deberá proponer al candidato mejor calificado, salvo causa fundada que justifique otra decisión. También se amplía el alcance del juicio político, que pasará a incluir a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el defensor general, el procurador general, el fiscal de Estado, el contador general y el responsable técnico del área de Agua.

Durante el debate, el senador Martín Olivero aclaró que la sanción de la ley no implica la modificación directa de la Constitución provincial, sino que habilita los temas que posteriormente tratará una Convención Constituyente. "Son ellos los que van a modificar la Constitución provincial", remarcó, en referencia a los convencionales que se elegirían junto con el resto de las autoridades en 2027.