Graciela Canal, quien estuvo prófuga, busca ahora el arresto domiciliario
Su defensa invocó problemas de salud para pedir el beneficio; la Justicia Federal deberá resolver si hace lugar al planteo.

La defensa de María Graciela Canal solicitó ante la Justicia Federal que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud, luego de que la mujer quedara detenida en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a la expansión de una cadena de gimnasios.
El pedido se presentó pocos días después de que Canal se entregara junto a su hijo, Sergio Nicolás Clinis Canal, en el paso fronterizo de Loyola, en Formosa, tras permanecer varios días prófugos. Ambos fueron trasladados luego a dependencias de Gendarmería Nacional en Clorinda, desde donde se coordinó su traslado hacia Chaco para quedar a disposición de la Justicia.


Según pudo saberse, la presentación de madre e hijo se produjo después de que la investigación estableciera que ambos se encontraban fuera del territorio argentino: la última salida del país registrada por Canal fue el 28 de julio, mientras que Clinis Canal había salido el 1° de agosto. A partir de esa información se habían solicitado órdenes de captura nacional e internacional contra los dos.
Con Canal ya a disposición de la Justicia Federal, su defensa busca ahora que continúe privada de su libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario, debido a problemas de salud que, por el momento, no trascendieron con mayores precisiones. Tampoco hay todavía una resolución sobre el planteo: será la Justicia la que deberá evaluar si la situación de la imputada reúne los requisitos para conceder el beneficio y, en caso de hacerlo, bajo qué condiciones.
La causa está a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, mientras que las medidas de la investigación fueron autorizadas por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger. La hipótesis principal apunta a un presunto esquema de lavado de dinero, por lo que se analizan movimientos económicos, sociedades, vehículos, inmuebles e inversiones vinculados a los imputados, además del origen de los fondos utilizados para la expansión de la cadena de gimnasios.
Mientras continúa la producción de pruebas y se define la situación procesal del resto de los involucrados en la causa, la Justicia deberá resolver ahora el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de María Graciela Canal.
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