Redes sociales sin permiso: por qué cada vez más países le ponen un límite de edad a Internet

Francia acaba de sumarse a un movimiento que ya no puede leerse como un hecho aislado. La ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años es parte de un proceso más amplio, que empezó a tomar forma a fines del año pasado cuando Australia se convirtió en el primer país del mundo en restringir esas plataformas para los menores de 16. Desde entonces, gobiernos de distintos continentes —Reino Unido, Alemania, Suecia y Canadá, entre otros— avanzan con sus propias versiones de la misma idea: que el uso irrestricto de redes sociales por parte de chicos y adolescentes puede ser dañino y que, frente a eso, hace falta una respuesta estatal.

En esta discusión conviven dos debates que conviene distinguir. El primero es el del impacto real que tienen las redes en el desarrollo de los más chicos. No es un dato menor que estas plataformas contraten a especialistas en diseño adictivo —muchos de ellos provenientes de la industria del juego— para maximizar el tiempo que un usuario pasa frente a la pantalla. Cuanto más tiempo, más publicidad se puede vender y mayor es la ganancia. El problema es que ese mismo diseño, pensado para adultos, termina capturando también a niños y adolescentes que todavía no tienen del todo formadas sus herramientas de discernimiento. Ahí aparecen los efectos que documentan los informes: menos actividad física, deterioro del vínculo social directo entre pares, problemas de sueño y de concentración, y exposición a contenido dañino que va desde material inapropiado hasta el contacto con adultos con intenciones predatorias.

Francia les prohibió el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

El segundo debate es geopolítico y tiene que ver con la disputa, cada vez más visible, entre los Estados nacionales y las grandes tecnológicas. Empresas como Meta, Google o X tienen valuaciones bursátiles que superan varias veces el producto bruto de países enteros, y su interés económico es sumar la mayor cantidad de usuarios posible, sin que la edad sea una barrera. Ese poder no se limita a lo comercial: hoy buena parte de la sociedad se informa a través de redes sociales, una proporción que crece fuerte entre los más jóvenes, y eso también influye en cómo se procesan las noticias e incluso en resultados electorales en distintos países de Occidente. Cuando se legisla sobre esto, ese trasfondo de poder también entra en juego.

La ley francesa, como la mayoría de las que se vienen aprobando en otros países, pone el peso de las sanciones sobre las plataformas y no sobre los menores ni sobre sus padres. Es una decisión que generó críticas, porque deja afuera a la familia como sujeto de responsabilidad directa. Y ahí es donde creo que hace falta un capítulo que ninguna legislación puede escribir por sí sola: el compromiso de los adultos. Un chico que ve a sus padres conectados todo el día difícilmente entienda por qué a él se le pone un límite. La ley puede exigir verificación de edad —ya sea con reconocimiento biométrico o con documentación oficial— pero no puede reemplazar el criterio de cada familia sobre cuándo, cómo y para qué se usa un dispositivo.

"El peligro de informarse por redes es extremadamente grande"

Tampoco conviene ser ingenuos respecto de la eficacia total de estas medidas. Los chicos con más manejo de la tecnología van a encontrar vericuetos para esquivar los controles, del mismo modo en que ya ocurre con otras restricciones digitales. Por eso la ley distingue, con matices, entre menores de 13 y de entre 13 y 18 años, entendiendo que no es lo mismo el vínculo con la tecnología de un chico de 7 u 8 años que el de un adolescente de 17. Y por eso mismo, ninguna verificación biométrica ni ningún DNI escaneado van a suplir lo que sólo puede construirse en casa.

Lo que queda claro, mirando el mapa que se está armando entre Australia, Francia y el resto de los países que analizan medidas similares, es que la discusión llegó para quedarse. La pregunta ya no es si hay que regular el vínculo de los chicos con las redes sociales, sino cómo hacerlo sin que la responsabilidad termine recayendo únicamente en una ley, y sin perder de vista que detrás de cada nueva restricción también hay una pulseada de fondo entre los Estados y las compañías que hoy manejan buena parte de la conversación pública mundial.