El Senado debate la entrega de tierras: extranjeros podrían comprar campos de forma ilimitada
La legislación vigente establece que los extranjeros no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales del país, fija un máximo para cada nacionalidad y limita a 1.000 hectáreas la propiedad de un mismo titular en la zona productiva central.
El Gobierno de Javier Milei buscará avanzar este jueves 16 de julio en el Senado con una reforma que permitiría que personas y empresas extranjeras compren campos sin los límites nacionales que existen actualmente. La modificación forma parte del proyecto denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", elaborado por el Ejecutivo y respaldado por La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la UCR.
En palabras simples, la ley vigente establece tres grandes barreras: los extranjeros no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales del país, de una provincia o de un municipio; una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo; y un solo propietario extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones. El proyecto oficial elimina esos límites y también borra protecciones vinculadas con campos cercanos a grandes cuerpos de agua.
La iniciativa diferencia a los inversores privados de los gobiernos extranjeros. Los Estados, sus empresas y los fondos controlados por otros países quedarían sujetos a autorizaciones especiales, pero las personas y compañías privadas extranjeras dejarían de tener un techo fijado por una ley nacional. Las provincias podrían dictar sus propias restricciones, aunque, si no lo hacen, un inversor extranjero podría acumular enormes extensiones de tierra sin un límite general. El Gobierno sostiene que esto facilitaría inversiones forestales y productivas, especialmente en el NEA, Cuyo y la Patagonia.
La reforma representa un grave retroceso para la soberanía argentina. La tierra no es una mercancía cualquiera: determina quién controla la producción de alimentos, el agua, los bosques, los minerales y regiones completas del territorio nacional. Con el argumento de atraer dólares, el Gobierno pretende desarmar controles básicos y dejar que cada provincia negocie por separado frente a grandes corporaciones con una capacidad económica muy superior. Abrir la compra ilimitada de campos no es defender la propiedad privada: es convertir el territorio argentino en un activo disponible para el mejor postor.
