El máximo tribunal rechazó el recurso del Gobierno y ratificó la ley de financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) en todas las universidades públicas del país, después de rechazar el recurso de queja que había presentado el Poder Ejecutivo contra el fallo ya confirmado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mantiene en pie la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles, mientras sigue su curso por separado el planteo sobre la constitucionalidad del decreto 759/2025, con el que el Ejecutivo había subordinado la aplicación de la ley.

Consultado sobre el fallo, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, consideró que el reclamo universitario fue tomado como válido y como justo por parte de la sociedad. El dirigente sostuvo que las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país durante los últimos dos años mostraron un respaldo que trascendió a los partidos políticos y remarcó que el sistema universitario logró unir en una misma demanda a autoridades, docentes, no docentes y estudiantes.

El conflicto se originó por la falta de un presupuesto específico para las universidades, que funcionaban con la prórroga del presupuesto 2023. Desde el oficialismo se cuestionó en reiteradas ocasiones la falta de auditorías a las casas de estudio, aunque Cagnacci remarcó que las universidades públicas realizan controles internos y externos de manera habitual y que la Auditoría General de la Nación no pudo avanzar con revisiones adicionales por la falta de representantes que debe designar la Cámara de Diputados.

Según el dirigente, la ley no implicó la creación de fondos nuevos sino la reasignación de partidas presupuestarias ya existentes, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en 0,23% del Producto Bruto Interno al momento de su sanción. Cagnacci insistió en que el reclamo no tuvo un carácter partidario, sino que respondió a la necesidad de garantizar el funcionamiento del sistema universitario tras dos años sin una partida presupuestaria propia.

El dirigente gremial vinculó el desfinanciamiento con la pérdida de 10.000 cargos docentes en dos años y medio, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, y con la salida de profesionales del sector no docente, en particular de los hospitales universitarios. Como ejemplo, mencionó que un médico residente del Hospital de Clínicas llegó a percibir $1.200.000 de bolsillo antes del último aumento salarial.

El congelamiento de las becas estudiantiles fue otro de los puntos señalados por Cagnacci, quien remarcó que la Beca Progresar, la de mayor alcance, se mantiene en $35.000, equivalentes a $28.000 de bolsillo. El 10 de junio, el Gobierno y los gremios universitarios firmaron un acta paritaria que dispuso un aumento salarial del 24,3%, aunque el dirigente aclaró que todavía resta recomponer cerca de un 30% para alcanzar los valores vigentes en diciembre de 2023, en un proceso que corre de manera independiente al cumplimiento del fallo judicial.