Daniel Denmon explicó las diferencias: "Nosotros no tenemos un mercado regulado, pero hay lugares que sí"

La discusión por los bonos verdes y los bonos de carbono sumó una mirada técnica desde Corrientes, en el marco del debate que atraviesa a la región sobre el valor económico de los ecosistemas, los humedales y la captura de gases de efecto invernadero. En un móvil en vivo para N9 desde la capital correntina, Luis Gutiérrez dialogó con Daniel Denmon, doctor en Derecho con posdoctorado en Ecología Política y máster en Derecho Ambiental, quien explicó las diferencias entre ambos instrumentos y sus posibles aplicaciones.

En diálogo con N9, Denmon aclaró que los bonos de carbono están directamente vinculados a la mitigación o absorción de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono. "Los bonos de carbono son unos bonos que se le dan a los que mitigan o absorben gases de efecto invernadero", explicó. En ese sentido, señaló que se trata de una herramienta asociada a la agenda del cambio climático y a la necesidad de compensar emisiones en distintos mercados internacionales.

El especialista diferenció ese mecanismo de los bonos verdes, a los que definió como instrumentos de deuda emitidos por Estados o empresas para financiar proyectos con destino ambiental. Esos fondos, indicó, pueden utilizarse para iniciativas como plantas de energía solar, transporte eléctrico u otros emprendimientos que generen beneficios concretos para el ambiente. "Los bonos verdes son instrumentos de deudas que emiten los estados o las empresas para que se realicen actividades o emprendimientos que tienen que ver con la defensa del ambiente", precisó.

Sobre la situación de Corrientes, Denmon consideró que el acceso a bonos de carbono puede resultar más directo por la existencia de ecosistemas con capacidad de capturar dióxido de carbono, como el monte nativo y los Esteros del Iberá. "Para acceder a los bonos de carbono es más fácil porque nosotros tenemos captura de dióxido de carbono en nuestro monte, nuestro bosque nativo, en los Esteros del Iberá", sostuvo. De todos modos, remarcó que el paso central es avanzar en procesos de medición y certificación a cargo de organismos internacionales o externos.

El abogado ambientalista explicó que la captura debe ser medible y verificable, ya que se calcula en toneladas y luego puede traducirse en un valor económico que fluctúa según el mercado. También aclaró que la Argentina no cuenta actualmente con un mercado regulado de carbono, a diferencia de otros lugares donde empresas e industrias están obligadas a compensar emisiones. "Nosotros no tenemos un mercado regulado, pero hay en otras latitudes mercados ya regulados", señaló, al advertir que en el país el esquema funciona principalmente desde una lógica voluntaria.

Denmon también advirtió sobre el riesgo del greenwashing, es decir, la posibilidad de presentar como ambientalmente positivos proyectos que, en la práctica, no generan el impacto prometido. En ese punto, remarcó que para que estos instrumentos sean legítimos deben cumplir normas internacionales, contar con certificaciones, informes y controles sobre el destino de los fondos. "Hay fondos que las empresas ponen para financiar estos proyectos ambientales", indicó, aunque aclaró que esos recursos deben estar respaldados por acciones reales, verificables y sustentables. La clave, sostuvo, es que el beneficio ambiental no quede solo en los papeles, sino que pueda demostrarse en el territorio.