El Gobierno ofreció un aumento del 24% a las universidades a cambio de que retiren la demanda judicial

El Gobierno y los rectores de las universidades públicas llegaron a un principio de acuerdo en torno a una recomposición salarial del 24%, pero las negociaciones quedaron trabadas por una exigencia del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que espera una definición de la Corte Suprema.

El encuentro se concretó este lunes en una reunión reservada, lejos de la exposición mediática. Estuvo a cargo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en representación del Ministerio de Capital Humano. Por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) asistieron su presidente, Franco Bartolacci —rector de la Universidad Nacional de Rosario—, y el vicepresidente del organismo, Anselmo Torres, al frente de la Universidad Nacional de Río Negro.

Según fuentes de ambos sectores, la oferta consistió en una recomposición del 24,3% para cubrir la pérdida de parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El pago se haría en dos tramos: 21,3% en junio y el 3% restante en octubre. La propuesta sumaba además una comisión técnica para revisar el período adeudado de 2024 y el compromiso de abrir paritarias cada tres meses.

El paquete incluía también un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, un 50% de aumento en las becas Manuel Belgrano y un fondo extra de $50 mil millones para los hospitales universitarios, que no figuran en el presupuesto 2026. En paralelo, las universidades aguardan que el Gobierno defina el nuevo criterio de reparto de la partida de más de $79 mil millones destinada a esos hospitales, cuyo congelamiento había encendido las alertas por la atención en esos establecimientos.

Desde el ámbito universitario admitieron que la propuesta resultaba razonable. El punto de quiebre llegó con el pedido oficial de levantar la demanda que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso, una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, para el Ejecutivo, compromete el superávit fiscal.

Allí los rectores rechazaron desistir del reclamo. "Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno", plantearon fuentes de la negociación.

Para las casas de estudio, la demanda funciona como un resguardo que no están dispuestas a resignar, y sostienen que no hay consenso interno para hacerlo. En esa línea, remarcaron que la propia oferta demuestra que el Gobierno tiene los recursos para destrabar el conflicto. "Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos", subrayaron, con la expectativa de cerrar una salida esta semana.

Como alternativa, los rectores ofrecieron informar a la Justicia que las partes negocian un entendimiento, pero sin retirar la presentación en trámite. Los abogados del Estado y del CIN analizan una fórmula legal para avanzar sobre esa base. "Todo esto que ofrecemos es para que retiren la demanda", apuntó una fuente oficial, mientras desde el organismo universitario insistían en que no hay margen para ese paso.

La demanda cuenta con una medida cautelar favorable, ratificada en dos instancias, que hoy está suspendida tras un recurso extraordinario del Ejecutivo. La definición quedó así en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazo para expedirse.

El conflicto por el financiamiento universitario derivó el mes pasado en la cuarta Marcha Federal, que en el nordeste tuvo concentraciones en el Campus de la UNNE en Resistencia y en el Museo de Ciencias Naturales de Corrientes. La pulseada nacional también atraviesa a las universidades de la región, donde gremios docentes y no docentes vienen reclamando la actualización salarial y la aplicación de la norma.