El Senado posterga el pliego de Michelli y avanza con propiedad privada, fondos buitre y 50 jueces
La Cámara alta sesiona desde las 11 para tratar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y un acuerdo con bonistas por US$171 millones. La candidatura de la jueza, que generó la pelea con Bullrich, quedó para la semana próxima.
El Senado sesionará este jueves desde las 11 para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un acuerdo con bonistas que litigan contra la Argentina y una tanda de 50 nombramientos en la Justicia federal. La sesión, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, llega después de que el oficialismo decidiera postergar para la próxima semana el pliego de María Verónica Michelli, la candidata a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata cuyo retiro abrió una disputa dentro de La Libertad Avanza.
Según lo resuelto en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, la Cámara alta le dará ingreso formal al pedido del presidente Javier Milei para retirar esa postulación, pero el tratamiento del pliego quedó para la semana entrante, cuando se discutirán en conjunto la candidatura y el pedido de baja. La de Michelli había sido vetada por la Casa Rosada por tratarse de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
La controversia escaló cuando Patricia Bullrich le anticipó a Milei que no acompañaría el retiro del pliego y hasta puso a disposición su renuncia como jefa del bloque libertario, una posición que fue respaldada por sectores de la oposición dialoguista que suelen aportar votos al oficialismo. La tensión bajó tras la reunión de Labor Parlamentaria y un encuentro de la senadora con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada, que ambas mostraron en sus redes como una señal de unidad.
De los 73 nombramientos que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos —presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto—, el oficialismo pondrá en consideración 50. Los 23 restantes quedan pendientes: entre ellos, los pliegos de Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, frenados por el Gobierno a raíz de sus vínculos con causas que involucran al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. También quedará afuera Juan Manuel Mejuto, a quien el oficialismo y sectores de la UCR asocian con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima.
Dentro de la lista de 50 figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto como vocal del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. La nómina incluye además a Laureano Durán, hijo del excamarista Alberto Durán; Juan Pablo Moldes, hijo del exfiscal Germán Moldes; Javier Arzubi Calvo, exsecretario del juez Ariel Lijo; y Ana María Juan, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga el caso Libra, entre otras causas.
El otro punto central será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que modifica el Código Civil y Comercial, el Código Procesal y otras normas vinculadas al régimen de propiedad. La iniciativa introduce cambios en expropiaciones y desalojos, elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica la Ley de Manejo del Fuego en lo referido al cambio de uso del suelo en tierras incendiadas, dos puntos de fuerte impacto en zonas productivas como el NEA. Durante el debate quedó fuera la delegación a provincias y municipios de la regularización de barrios populares del RENABAP, que seguirá bajo administración federal. El texto también limita las indemnizaciones por expropiación al valor de mercado y los daños directos, excluye ganancias hipotéticas y valores afectivos, y fija un tope de 60 días para las ocupaciones temporarias.
El temario se completa con el acuerdo alcanzado con bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda y mantienen litigios contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos. El entendimiento, cerrado ante la jueza Loretta Preska en Nueva York, contempla un pago total de US$171 millones —US$67 millones para el fondo Bainbridge y US$104 millones para el grupo encabezado por Attestor— para clausurar causas derivadas del default de 2001. El acuerdo requiere la ratificación del Congreso para entrar en vigencia.
