La ex interventora del IAFEP detalló numerosas irregularidades: "hubo una falta de control absoluto"

Clelia Ávila, ex interventora del Instituto de Agricultura Familiar, Economía y Producción (IAFEP), presentó un informe ante la Justicia revelando graves irregularidades en el manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales. Este documento fue clave para que ayer se realizaran 16 allanamientos en la localidad de Fontana.

"Durante mi intervención, que culminó el 18 de julio, pude detallar una serie de irregularidades repetitivas en varios expedientes", explicó Ávila en una entrevista exclusiva con N9. "Encontramos expedientes incompletos, tanto físicos como electrónicos, y beneficiarios que supuestamente habrían recibido viviendas a través de diferentes organizaciones sociales, pero que en realidad no llegaron a ejecutarse".

Ávila también destacó que, en algunos casos, los fondos destinados a la construcción de viviendas fueron desviados para construir inmuebles particulares. "Es evidente que hubo una falta de control absoluto y concreto en la gestión de estos recursos", subrayó. La ex interventora mencionó que más de 10 parcelas de terrenos fueron otorgadas a conocidos dirigentes sociales, quienes luego habrían vendido estos terrenos de manera irregular.

El informe final de Ávila, que fue entregado a la Justicia, también señala la participación de tres organismos clave en estas irregularidades, incluyendo la Inspección de Personas Jurídicas y el organismo encargado de la gestión de tierras. "Se otorgaban personerías jurídicas en trámites express, violando lo que establece el Código Civil y Comercial," explicó. Además, mencionó que el ex campo de tiro fue fraccionado en parcelas que luego fueron entregadas de manera discrecional a dirigentes sociales.

"Es muy penoso ver cómo el dinero que debía llegar a las personas más necesitadas quedó en manos de unos pocos", lamentó Ávila. Según sus estimaciones, se habrían contratado fondos públicos para la construcción de alrededor de 5,000 viviendas, muchas de las cuales quedaron inconclusas. "El deseo del gobernador es resolver esta situación, y ya se ha incluido al Instituto de Vivienda para llevar adelante este programa, aunque reconocemos que no contamos con el presupuesto necesario para iniciar las obras de inmediato".

En respuesta a las irregularidades detalladas por Ávila, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en Fontana, donde se buscó documentación que respalde la investigación. "Mi actuación comprendió la elevación de la denuncia a la Justicia, y ahora es el Poder Judicial el que debe continuar con el procedimiento", indicó Ávila.

El caso ha generado gran expectativa entre la población, especialmente entre las miles de familias que aún esperan una respuesta sobre las viviendas prometidas. "La gente fue burlada en su buena fe y quedó sin su casa", concluyó Ávila, reafirmando el compromiso del gobierno provincial de avanzar en la resolución de esta problemática, aunque con las limitaciones presupuestarias actuales.