Casas de piqueteros VIP se convertirán en comisarías: "Serán al servicio de la comunidad"

En comunicación con Noticiero 9, el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, valoró la decisión del Gobierno provincial de destinar a uso público las propiedades incautadas a los piqueteros Juan Carlos y Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales, todos detenidos en abril por una causa federal de lavado de activos. "Esta decisión simboliza devolver a la sociedad aquello que fue mal dado y mal habido por quienes se erigían como representantes de los sectores vulnerables de la provincia", sostuvo.

Según explicó Maldonado en diálogo con N9, las propiedades fueron adquiridas con fondos desviados del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), creado originalmente para fomentar la producción rural y la economía popular. "El IAFEP nació con objetivos nobles, pero terminó convertido en una estructura para el enriquecimiento personal y la corrupción. Durante la gestión de Capitanich se tercerizó la ayuda estatal en líderes piqueteros que se transformaron en verdaderos gerentes de la pobreza", afirmó.

El funcionario confirmó que seis de los inmuebles recuperados se destinarán a comisarías y oficinas públicas, entre ellos uno que pasará a ser sede del Departamento de Logística del Servicio Penitenciario Provincial. "El criterio fue claro: devolver estos espacios al pueblo, transformándolos en lugares de servicio. La demanda en materia de seguridad es muy grande y queremos que el Estado esté presente donde antes hubo corrupción", detalló.

Maldonado recordó que la investigación reveló un patrimonio ilícito superior a los 2,2 millones de dólares y un desvío de fondos públicos que alcanzaría los 16 mil millones de pesos. "Cada peso que se lleva la corrupción es un peso que se le quita a la gente", subrayó, y agregó que "la provincia más pobre del país no puede sostener más el peso de la impunidad". También cuestionó la responsabilidad política de las gestiones anteriores: "Todo esto tuvo connivencia política, y el pueblo chaqueño fue el principal perjudicado".

Durante la entrevista, el subsecretario también se refirió a la situación social en Villa Río Bermejito, donde se registraron protestas recientes. "Es innegable que existen derechos vulnerados en los pueblos originarios. Hay que trabajar para reivindicarlos con políticas activas y no con discursos", señaló. Explicó que el Gobierno provincial ya articula acciones con el Instituto de Discapacidad (IPRODICH), el IDA y la Comisión de Derechos Humanos para revisar los casos de pensiones suspendidas y garantizar su restitución a quienes las necesiten.

Finalmente, Maldonado aseguró que el proceso de recuperación de bienes continuará y que el Estado avanzará con medidas de reparación institucional. "Estas propiedades volverán a ser del pueblo. Transformarlas en comisarías, en centros de atención o en espacios de servicios es un acto de justicia simbólica y real. Significa poner fin a una etapa de corrupción y comenzar otra de reconstrucción", concluyó.