Milei envió al Congreso un proyecto para regular el lobby al estilo norteamericano

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para regular la actividad de lobby en la Argentina, una de las cuatro iniciativas que el Poder Ejecutivo remitió este martes a la Cámara de Diputados junto con el llamado Súper RIGI, la Ley de Ludopatía y la eliminación de los sellos negros en los alimentos. La propuesta lleva el nombre formal de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses y apunta a fijar reglas para los contactos entre actores privados y autoridades públicas en el marco de la toma de decisiones del Estado.

El texto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Alcanza tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo e incluye la elaboración de leyes, políticas públicas, contrataciones y designaciones. Desde el oficialismo argumentan que la ausencia de una norma sistemática en la materia generó históricamente "espacios de opacidad" que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado y en la equidad de los procesos decisorios.

El proyecto crea dos herramientas centrales de control: un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse de manera obligatoria todas las personas humanas o jurídicas que realicen estas gestiones, y un Registro Público de Gestión de Intereses, destinado a dejar constancia de cada contacto específico entre funcionarios y gestores. Quienes representen a un gobierno extranjero o a un partido político de otro país tendrán que declararlo de manera expresa. Los reportes deberán presentarse cada tres meses.

Las sanciones previstas combinan el plano administrativo con el penal. Para los gestores, las penas van desde una multa equivalente a cinco salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para operar en el país, y la pena privativa de la libertad puede ir de seis meses a tres años. En el caso de los funcionarios públicos, el incumplimiento de los deberes de registración y publicidad se considera una falta institucional grave que puede activar mecanismos de remoción o juicio político, además de eventuales imputaciones por cohecho.

El proyecto toma como referencia la legislación de Estados Unidos, en particular la Lobbying Disclosure Act de 1995 y su reforma de 2007, conocida como Honest Leadership and Open Government Act. Al igual que el modelo norteamericano, exige informes trimestrales por una plataforma virtual para garantizar la trazabilidad de los contactos. La normativa estadounidense, sin embargo, contempla penas de prisión de hasta cinco años y multas civiles de hasta 100.000 dólares. Otros países con regulaciones similares son Francia, Canadá y Chile.

Entre las diferencias con el modelo norteamericano, la propuesta argentina alcanza a las gestiones realizadas tanto de manera onerosa como gratuita y con o sin fines de lucro, mientras que la ley estadounidense se concentra en el lobby remunerado. Además, en la Argentina la inscripción en el registro será una condición previa obligatoria para iniciar cualquier gestión, a diferencia de Estados Unidos, donde se permite registrarse hasta 45 días después del primer contacto.

La presentación del proyecto coincide con un escenario de baja confianza en la administración nacional. El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, publicado el lunes, se ubicó en 1,99 puntos sobre una escala de 0 a 5. Supone una caída del 1,6% respecto de abril y es el quinto mes consecutivo de descenso. Con el último registro, el promedio de la actual gestión bajó a 2,41 puntos, el valor más bajo desde el inicio del mandato.