El Gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal y propone un esquema unificado con el Mercosur

El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la norma sancionada en 2021 que obliga a las empresas alimenticias a colocar octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías. Bloques oficialistas y aliados ya presentaron en Diputados un proyecto para dejarla sin efecto, mientras que el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, trabaja en una iniciativa paralela orientada a adecuar el sistema argentino a los parámetros que rigen en el resto del Mercosur.

La iniciativa parlamentaria lleva la firma de los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza), y forma parte del paquete de medidas que prepara la cartera de Desregulación. Según los autores, la actual ley no cumplió con sus objetivos sanitarios a más de cuatro años de su implementación y responde a un diseño técnico que, sostienen, genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación de productos y obstaculiza el comercio y la inversión.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al perfil nutricional que adoptó la norma argentina, basado en los criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ese sistema no mide la cantidad absoluta de nutrientes por cada 100 gramos de producto, sino su proporción sobre el total de calorías. Los legisladores definen ese mecanismo como "umbrales móviles" y lo señalan como el origen de las principales distorsiones. Como ejemplo mencionan que un producto con un gramo de edulcorante recibe la misma advertencia que otro con veinte gramos.

En los fundamentos, los autores también argumentan que la convivencia de cuatro sistemas distintos dentro del Mercosur encarece la producción: cada país exige envases, fórmulas y líneas de producción diferenciadas, con costos que recaen sobre todo en las pymes exportadoras y se trasladan al consumidor final. Por eso reclaman avanzar hacia un reglamento técnico regional unificado y plantean que la derogación legislativa es el único instrumento que ofrece certeza jurídica a productores, exportadores y consumidores.

El proyecto compara el esquema argentino con el de los socios regionales: Brasil, Chile y Uruguay aplican perfiles nutricionales basados en umbrales fijos, definidos por cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos. Los autores sostienen que ese criterio resulta más claro porque se apoya en valores concretos y no en proporciones calóricas, y que permite tanto a las empresas reformular productos como a los consumidores comparar alternativas con información más precisa.

La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, hoy vigente, obliga a incluir octógonos de advertencia cuando los productos superan los límites establecidos para azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, y exige leyendas precautorias para alimentos con edulcorantes o cafeína. La normativa también restringe el marketing y la publicidad dirigida a niños: prohíbe el uso de personajes infantiles, mascotas, animaciones o avales de sociedades científicas en los envases con al menos un sello, e impide que esos productos se ofrezcan en entornos escolares. Esos son, justamente, los puntos que el oficialismo busca rediscutir cuando ingrese formalmente al Congreso el proyecto que ultima Sturzenegger.