Diputados dio media sanción a la Ley Hojarasca y se derogarán unas 70 normas en desuso

La Cámara de Diputados aprobó ayer la media sanción de la llamada Ley Hojarasca, el proyecto del Poder Ejecutivo que elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados obsoletos o contrarios a las libertades individuales. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.

La sesión había sido convocada para las 10 por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y se desarrolló en un clima de tensión política. El oficialismo reunió el quórum de 129 diputados presentes y, en paralelo, bloqueó un intento de la oposición de instalar una sesión propia para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales. El temario del recinto incluyó además la reforma del régimen de subsidios al gas en Zonas Frías, la aprobación de tratados internacionales y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

El proyecto agrupa las normas a eliminar en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores, otras vueltas obsoletas por el avance tecnológico, las que afectan libertades individuales, las que generan burocracia innecesaria, las referidas a organismos disueltos y las que financian con fondos nacionales a entidades sin actividad real. Entre las disposiciones que caen figuran la ley de azotes —del siglo XIX—, la de microfilmación, la de mochileros y regulaciones sobre laboratorios públicos que, según el oficialismo, nunca crearon establecimientos ni asignaron fondos. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, había explicado en comisiones que la idea es "reducir conflictos y confusión normativa".

El texto que llegó al recinto incorporó cambios respecto al proyecto original. A pedido de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco Nación para cooperativas; también preservó la credencial de libre circulación de los legisladores nacionales y mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación, dos puntos sensibles dentro de la propia política. El dictamen de mayoría había sido firmado el 21 de abril con 35 rúbricas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR e Innovación Federal.

En el debate, el diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch defendió el proyecto y planteó que las normas a derogar funcionaron como "barreras artificiales para cobrar el peaje de la política". Desde la oposición, Diego Giuliano, de Unión por la Patria, retrucó que se trata de leyes "ya derogadas, muertas, inaplicadas por décadas" y acusó al oficialismo de no discutir "lo importante". La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue más áspera y rechazó el argumento oficial de que la ley es "inocua". También se escucharon reparos desde Provincias Unidas: Juan Brügge advirtió que el proyecto introduce temas que requieren un debate más amplio y participativo.

El proyecto tiene una historia legislativa accidentada. Fue presentado por primera vez en 2024 y perdió estado parlamentario sin tratamiento. El Ejecutivo lo reenvió al Congreso el 26 de marzo de este año, obtuvo dictamen el 21 de abril y la sesión prevista para el 22 quedó postergada por falta de quórum. La convocatoria del 20 de mayo también estuvo trabada durante semanas por la controversia en torno al patrimonio de Adorni, hasta que el oficialismo terminó de ordenar los números y se aseguró la media sanción.