Un juez federal advirtió "riesgo inminente" y obligó al PAMI y a Salud a saldar deudas con prestadores de discapacidad

El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó este martes una medida cautelar contra el programa Incluir Salud del Ministerio de Salud y el PAMI, por la que ordenó normalizar en 72 horas la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad. La resolución contempla terapias y entrega de medicamentos que vienen sufriendo interrupciones por la falta de transferencias de fondos.

El fallo respondió a un amparo colectivo de alcance nacional y tendrá vigencia por seis meses o hasta que se dicte sentencia firme. La acción fue impulsada por el colectivo Defendamos Córdoba junto a otras instituciones, entre ellas Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales, que vienen denunciando que el Estado no paga lo que corresponde y que eso obliga a interrumpir tratamientos para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

En su resolución, Vaca Narvaja instó a las dos dependencias a cumplir con los pagos evitando dilaciones, suspensiones e interrupciones y a tomar todas las medidas necesarias para garantizarlo, bajo apercibimiento. Para fundamentar la decisión, tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y dispuso aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El magistrado también advirtió un "riesgo inminente" para quienes dependen de esas prestaciones, al señalar que las demoras crónicas y la falta de entrega de medicamentos comprometen la atención. Como ejemplo, la resolución recoge el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione, que reportó deudas por 41.556.675,86 pesos en intereses al fisco durante 2026, sumados a otros 14.429.407 pesos pagados en 2025, además de la interrupción en la entrega de medicamentos en febrero, marzo y abril.

El fallo incorpora también la respuesta oficial. El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, atribuyó las demoras a un proceso de reordenamiento estructural del área orientado a corregir desvíos acumulados y a garantizar su sostenibilidad. Desde la cartera sostuvieron además que el traspaso del programa al ámbito de la administración pública nacional centralizada generó retrasos iniciales en la tramitación de los pagos, pero aclararon que no implica una reducción de la cobertura ni una desatención de las personas con discapacidad, y que la situación se encuentra en proceso de regularización.