El Gobierno ofrece transferir fondos a las universidades a cambio de retirar la cautelar de la Corte

El Gobierno nacional prepara una propuesta para acercar a las universidades públicas con el objetivo de cerrar el conflicto judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa llega después de la cuarta Marcha Federal Universitaria de la semana pasada y apunta a desactivar la causa que se encuentra a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Según trascendió desde el entorno de las negociaciones, el Ejecutivo ofrecería transferir los fondos previstos en el proyecto de reforma que el oficialismo había enviado al Congreso para modificar la ley vigente y reducir su impacto fiscal. A cambio, las casas de estudio deberían retirar la medida cautelar que actualmente tramita ante el máximo tribunal y que exige la actualización de salarios y becas conforme a la inflación.

La urgencia oficial tiene un motivo concreto: en caso de un fallo adverso, el Estado nacional deberá desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos a las universidades. Con la propuesta, la Casa Rosada busca acotar ese costo a las partidas que ya figuran en su propio proyecto, que únicamente reconoce la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y deja afuera la caída registrada desde 2023. Las fuentes consultadas indicaron que los fondos cuentan con el aval del Ministerio de Economía y se ejecutarían una vez cerrado el acuerdo, sin necesidad de que la iniciativa atraviese nuevamente el Congreso.

Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) negaron haber recibido propuesta formal alguna y remarcaron que, hasta el momento, no hay novedades concretas sobre la negociación. Tampoco avanzó la convocatoria que había anticipado el Ministerio de Capital Humano a las universidades con hospitales, en torno a una partida de 79 mil millones de pesos que continúa sin ejecutarse para el sector.

Las diferencias entre la ley vigente y el proyecto del oficialismo son sustantivas. La iniciativa libertaria establece que la recomposición salarial se efectuaría en tres tramos sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, con aumentos del 4,1% distribuidos a lo largo del año. Además, prevé convocar a paritarias cada tres meses pero sin obligación de actualizar los salarios por inflación, algo que sí está contemplado en la normativa actual. En materia de gastos de funcionamiento, el texto oficial omite la recomposición inflacionaria de los últimos dos años que demanda la ley vigente y solo dispone una actualización presupuestaria si la inflación anual de 2026 supera el 14,5%.

El único capítulo en el que el proyecto del Ejecutivo amplía partidas es el del sistema de salud universitario: contempla una recomposición superior a los 80 mil millones de pesos para los hospitales que dependen de las casas de estudio, uno de los sectores que más se hizo notar en la última movilización federal.