El Gobierno aumentó hasta 115% las entradas a Parques Nacionales
Ir a las Cataratas del Iguazú pasará de 15 mil a 25 mil pesos para los visitantes locales, mientras que los estudiantes sufrirán una suba del 114%. Bajo la excusa de mantener la infraestructura, el Gobierno traslada el costo del desfinanciamiento y el despido de guardaparques directamente al bolsillo de los turistas, en medio de un proceso de desregulación que elimina controles ambientales.
En medio de un severo ajuste presupuestario que golpea directamente a las áreas protegidas de todo el país, el Gobierno nacional dispuso un drástico aumento de hasta el 115% en las entradas a los Parques Nacionales a partir de junio. La medida, oficializada mediante la Resolución 132/2026 en el Boletín Oficial, traslada el costo del desfinanciamiento estatal al bolsillo de los turistas. El tarifazo impacta con especial dureza en los destinos más populares, como el Parque Nacional Iguazú, donde el pase para los ciudadanos argentinos saltará de 15 mil a 25 mil pesos, mientras que la tarifa estudiantil sufrirá un incremento del 114%, pasando a costar 15 mil pesos.
La justificación oficial de la Administración de Parques Nacionales (APN) apunta a la necesidad de sostener los niveles de inversión y los estándares de calidad en los servicios. Sin embargo, la realidad de fondo expone las consecuencias de la "motosierra" oficial, que esta misma semana consolidó un recorte de más de 2.500 millones de pesos en las partidas destinadas al sector. Parques emblemáticos de la Patagonia y el Norte Grande —incluyendo las áreas protegidas del Chaco e Iberá— pierden recursos millonarios destinados a mantenimiento, prevención de incendios forestales y salarios, tras una ola de despidos que ya dejó a más de 500 empleados y guardaparques en la calle.
El incremento de las tarifas se suma a un polémico proceso de desregulación y flexibilización que el Ejecutivo viene aplicando sobre el patrimonio natural. En los últimos meses, el Ministerio de Desregulación eliminó la obligatoriedad de los informes de impacto ambiental y la exigencia de guías habilitados para operar en los 39 parques del país, una decisión que generó un fuerte rechazo en el sector turístico y científico por el riesgo de privatizaciones encubiertas y daños biológicos. De esta manera, el acceso a las bellezas naturales locales se vuelve un lujo prohibitivo para las familias de a pie, mientras el Estado retira el financiamiento básico de los ecosistemas más frágiles de la Argentina.
