La Corte podría definir el jueves el conflicto por los fondos a las universidades

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este martes el expediente en condiciones de resolver la causa que enfrenta al Gobierno con las universidades públicas por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Con ese movimiento, el máximo tribunal habilitó la posibilidad de dictar sentencia y las expectativas se trasladaron a la próxima reunión de acuerdos, prevista para este jueves. La normativa que rige este tipo de causas no exige el giro previo al Ministerio Público Fiscal, aunque permite requerir su opinión.

El conflicto gira en torno a la aplicación de la norma, que el Ejecutivo vetó parcialmente en 2025 y volvió a objetar después de que el Congreso insistiera con su sanción. La administración nacional sostiene que la ley no precisa de qué partidas deben extraerse los fondos ni define las fuentes concretas de financiamiento. La implementación quedó acotada por el Presupuesto 2026 y por la Decisión Administrativa 20/2026, que limitaron la ejecución de los recursos previstos por la ley.

El texto cuestionado establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios. Ante la falta de aplicación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó una medida cautelar que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. El Gobierno respondió con un recurso extraordinario ante la Corte, en el que argumentó que la aplicación de los artículos 5 y 6 generaría un perjuicio grave e irreparable al Estado.

En paralelo, las universidades avanzan con un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para forzar la liberación de las transferencias pendientes. Mientras tanto, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Poder Ejecutivo no está obligado a realizar las erogaciones correspondientes hasta que el máximo tribunal se pronuncie. No existen plazos legales para que la Corte resuelva, aunque fuentes consultadas no descartaron que rechace el recurso sin entrar al fondo, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. De adoptar ese camino, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga a girar los fondos.

La definición judicial llega en un escenario político tensionado por la marcha federal universitaria del martes. Pese a la masividad de la convocatoria, desde Casa Rosada minimizaron el peso de la movilización y la calificaron como una "marcha política" impulsada por sectores opositores. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, apuntó contra dirigentes, candidatos y referentes sindicales que, según dijo, buscaron capitalizar el reclamo. El presidente Javier Milei siguió la protesta desde la Quinta de Olivos y se limitó a replicar mensajes en contra de la convocatoria, sin pronunciarse de manera directa.