Nación autorizó el bloqueo de señales de celulares en todas las cárceles federales
El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de dispositivos para inhibir comunicaciones de internos en establecimientos penitenciarios federales. La normativa, que amplía el uso de tecnología antes reservada a presos de alto perfil hacia todos los pabellones, pone el foco en combatir el uso indebido de equipos para planificar delitos.
Este lunes, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó, mediante la Resolución 336/26 publicada en el Boletín Oficial, la autorización para que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) instale dispositivos de detección y bloqueo de señales móviles en todas las unidades del país. La medida representa un endurecimiento en la política carcelaria, extendiendo el uso de inhibidores de señal —que anteriormente se limitaban a pabellones de alto perfil— a todo el universo de establecimientos penitenciarios federales con el fin de frenar delitos como estafas telefónicas y extorsiones.
El sistema técnico habilitado permite la detección y el bloqueo de dos identificadores clave: el IMEI (identidad internacional del equipo móvil) y el IMSI (identidad del suscriptor asociado a la tarjeta SIM). Según detalla la normativa, una vez que la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios detecte una señal activa dentro de los muros, las empresas de telecomunicaciones deberán proceder a la baja definitiva del servicio y del aparato en un plazo no mayor a las 48 horas. Esta celeridad busca inutilizar de forma permanente los dispositivos que ingresan ilegalmente a las celdas.
La resolución nacional ha incrementado la presión política sobre la provincia de Buenos Aires, donde el debate por el uso de celulares en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se encuentra en un punto crítico. En la Legislatura provincial, proyectos como el impulsado por la senadora Malena Galmarini proponen normativas similares, argumentando que las cárceles no pueden funcionar como "call centers del delito". La iniciativa de Galmarini fija un plazo de 180 días para la instalación de inhibidores en el territorio bonaerense, buscando proteger a las víctimas de secuestros virtuales.
Desde el Ejecutivo nacional justificaron la medida basándose en la Ley 24.660, la cual, si bien garantiza el derecho a la comunicación de los internos con sus abogados y familiares, prohíbe explícitamente la tenencia de teléfonos móviles. Con esta nueva tecnología, el Estado busca retomar el control total de las comunicaciones internas, asegurando que los sistemas supervisados sean el único canal de contacto permitido, evitando así que los establecimientos penitenciarios sigan siendo utilizados como centros operativos para coordinar maniobras ilícitas fuera de las cárceles.
