El Gobierno actualiza a $2,5 billones las partidas universitarias y busca esquivar el impacto fiscal

El Gobierno nacional actualizó en $2,5 billones las partidas destinadas a las universidades y rediseñó su estrategia para que el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario no termine golpeando la meta de déficit cero. En el Ejecutivo anticipan que esa cifra quedará incorporada al presupuesto anual 2026 y que se ejecutará de manera escalonada, con desembolsos mes a mes hasta fin de año, en lugar de volcarse de una sola vez.

Por ahora, la Casa Rosada descarta abonar montos adicionales por fuera de esa readecuación. La lógica que transmiten en Balcarce 50 es repartir los fondos internamente en cuotas y cumplir con las nuevas obligaciones hacia adelante, sin habilitar un pago retroactivo completo en un único movimiento. La interpretación oficial es que actualizar las partidas no equivale a gastarlas en bloque, sino a reordenar el presupuesto universitario vigente para liberarlo de forma progresiva, un argumento con el que el oficialismo intenta esquivar la imagen de un desembolso abrupto de fuerte peso fiscal.

Esa lectura coincide con lo que anticipan en la UBA, donde también prevén que los giros se hagan mensualmente y que, al menos en esta etapa, no se incluya el tramo retroactivo. En la comunidad universitaria, además, creen que la implementación puede demorarse por la apelación judicial que ya prepara Nación, en un expediente que todavía tiene recorrido procesal por delante. Desde el sector académico remarcan que no hubo contactos oficiales para mejorar la situación de los docentes, un dato que suma tensión de cara a un posible recrudecimiento del conflicto.

El plan del Ejecutivo se apoya en dos frentes en paralelo. En lo judicial, el Gobierno planea apelar hasta la Corte Suprema para ganar tiempo y defender que la ley se aplique con criterios de gradualidad y disponibilidad de recursos. En lo legislativo, sigue firme la intención de promover una modificación de la norma para reducir su costo y evitar que su puesta en marcha, tal como fue sancionada, abra un frente permanente de presión sobre el gasto público. En paralelo, tampoco se descarta avanzar con una reglamentación que acote el alcance de la ley vigente.

Esa combinación —actualización mensual, apelación judicial y eventual reforma legislativa— será uno de los temas centrales de la próxima mesa política. Puertas adentro del oficialismo admiten que el margen se achicó por las demoras previas para ofrecer una alternativa propia, y atribuyen a la interna del Gobierno parte de las trabas que en marzo frenaron el proyecto para modificar las partidas antes de que se consolidara el revés judicial. La preocupación, reconocen, es doble: ordenar el cumplimiento de la ley sin resignar la meta fiscal y, al mismo tiempo, contener una posible escalada en las universidades.