El Gobierno habilitó a Corrientes y a otras ocho provincias a gestionar y licitar rutas nacionales por hasta 30 años

Corrientes quedó habilitada para gestionar y concesionar por peaje los tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio, en el marco de un decreto del Poder Ejecutivo que también alcanza a Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. La medida fue oficializada este viernes a través del decreto 253, publicado en el Boletín Oficial, y comenzará a regir desde este sábado.

La decisión permite que el gobierno correntino asuma la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los tramos nacionales que corren por la provincia. Sin embargo, el Estado nacional mantiene la titularidad del dominio público y podrá retomar la gestión del corredor cuando lo considere necesario. El texto oficial aclara que las facultades delegadas "se ejercerán conforme a lo acordado en los referidos convenios, con carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados".

Para avanzar con la concesión, Corrientes deberá firmar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad y presentar un plan de obras, el esquema de financiamiento y las condiciones económicas del contrato, que incluyen las tarifas de peaje y los plazos. Todos esos acuerdos deberán ser aprobados por la Secretaría de Transporte de la Nación antes de su puesta en marcha. Una vez convalidados, la provincia tendrá hasta un año para iniciar el proceso de selección del concesionario.

Entre las facultades delegadas, el gobierno provincial podrá aprobar los pliegos y la documentación de la licitación, realizar las convocatorias, adjudicar la concesión y firmar los contratos respectivos. Los contratos podrán extenderse por hasta 30 años. El decreto incluye además una advertencia: si no se cumple con los plazos estipulados para la convocatoria o la adjudicación, "se producirá el decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate", con lo cual la Nación volvería a tomar el control del corredor.

Un punto que ordena el destino de la recaudación es la afectación específica de los ingresos. El texto establece que los fondos obtenidos del peaje solo podrán reinvertirse en el mismo tramo concesionado y no podrán utilizarse para financiar otras obras, aun cuando estén vinculadas físicamente. "Los fondos obtenidos de la explotación del tramo objeto de concesión no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza, aun cuando tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con aquel", subraya el decreto. La medida se complementa con las licitaciones nacionales por 9.000 kilómetros de corredores viales que el Gobierno ya tiene en marcha en distintos puntos del país.