La Justicia ordenó al Gobierno ejecutar de inmediato la ley de financiamiento universitario
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo Nacional aplicar de forma inmediata la Ley de Financiamiento Educativo.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó un fallo determinante al rechazar la apelación del Gobierno Nacional y confirmar la medida cautelar que ordena la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán calificaron como "poco serios" los argumentos oficiales y ratificaron que el Estado debe cumplir con la actualización de los salarios docentes y no docentes, así como con la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El tribunal hizo especial hincapié en que el impacto fiscal de la medida es reducido en comparación con el derecho constitucional que se busca proteger: la educación pública superior. De esta manera, queda sin efecto práctico el intento del Ejecutivo de supeditar la aplicación de la ley a la determinación de recursos específicos en el Presupuesto, un argumento que la Justicia consideró insuficiente frente a la "inobservancia de un deber jurídico concreto" por parte del Estado.


Desde el ámbito académico, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, celebró la resolución y remarcó que el Ejecutivo debe acatar la ley vigente desde octubre del año pasado. El funcionario advirtió que la mayoría de los trabajadores universitarios perciben haberes por debajo de la canasta básica, y señaló que persistir en la desobediencia judicial colocaría a los funcionarios ante un escenario de responsabilidad legal sin precedentes en el marco institucional.
Este nuevo capítulo judicial se da en un contexto de alta conflictividad que incluyó masivas marchas federales y reclamos en todo el país durante los últimos dos años. Si bien desde la Secretaría de Educación se intenta avanzar en una estrategia legislativa que modifique el esquema financiero actual buscando consenso, el fallo de la Cámara obliga a una recomposición urgente de las partidas, estableciendo un límite judicial a la política de ajuste presupuestario sobre las universidades nacionales.













