La Justicia ratificó la obligación del Gobierno de aplicar la ley de financiamiento universitario

 
La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y de recomposición salarial docente. De esta manera, ratificó el fallo de primera instancia que exige al Poder Ejecutivo cumplir de forma inmediata con lo dispuesto por la norma.

En concreto, la resolución ordena ejecutar los artículos vinculados a la actualización de salarios de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025. También dispone la recomposición de los programas de becas estudiantiles. Los jueces intervinientes cuestionaron los argumentos del Estado al considerar que no resultan consistentes, especialmente en lo referido a que la cautelar implicaría una sentencia definitiva encubierta.

El tribunal además evaluó el impacto económico de la medida y concluyó que es bajo, por lo que no afecta de manera sustancial el interés público. En cambio, remarcó que está en juego un derecho central como el acceso a la educación superior pública. La cautelar había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y respaldado por más de 40 universidades.

El conflicto por el financiamiento universitario se arrastra desde 2024, con masivas movilizaciones en todo el país tras el veto presidencial a la ley aprobada por el Congreso. Aunque el Gobierno sostuvo que la norma requiere financiamiento específico y advirtió sobre su impacto en el equilibrio fiscal, la Cámara desestimó esos planteos. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una nueva propuesta legislativa que permita redefinir el esquema actual y alcanzar consensos que eviten una mayor escalada del conflicto.