Aprobaron una ley que permite multar a infractores de tránsito con videos de otros conductores

 
La Legislatura de Mendoza aprobó una modificación a la ley de seguridad vial que permite a cualquier ciudadano registrar infracciones de tránsito con su celular y enviarlas a través de canales digitales oficiales para iniciar un proceso sancionatorio. La norma incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9.024 y establece que las imágenes no tendrán validez automática como prueba, sino que servirán para abrir una investigación que determine si la infracción existió o si el material fue manipulado con inteligencia artificial.

El mecanismo prevé que la autoridad de aplicación evalúe cada reporte y elabore un informe preliminar antes de elevarlo al juzgado vial correspondiente. Serán los jueces quienes definan si el registro sirve como evidencia suficiente o si se requieren verificaciones adicionales. El proyecto, impulsado por el senador Germán Vicchi bajo el nombre "Cámara testigo", busca dar marco legal a una práctica que ya ocurre de hecho: cientos de videos de maniobras peligrosas circulan en redes sociales, especialmente los que muestran adelantamientos en doble línea amarilla en las rutas de alta montaña hacia Chile.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, sostuvo que la posibilidad de ser filmado por otros conductores podría funcionar como mecanismo de prevención y desalentar conductas temerarias al volante. El gobierno provincial evalúa que las imágenes puedan cargarse a la plataforma Mendoza x Mí, donde quedarían registradas la ubicación, la hora y la identidad del usuario que realiza la denuncia.

El municipio de Las Heras, que abarca parte de la ruta 7 de alta montaña, ya implementó un sistema similar desde el 24 de febrero a través de una línea de WhatsApp. En tres semanas recibió 100 reportes con fotos y videos, aunque más del 60% correspondía a infracciones fuera de su jurisdicción. De los registros válidos, la comuna labró 10 actas de infracción, la mayoría por adelantamientos en zonas prohibidas.

Desde el bloque del PRO, la senadora Cintia Gómez defendió la iniciativa y aclaró que no se trata de un sistema de denuncias automáticas ni de condenas sin control judicial, sino de una herramienta de colaboración ciudadana donde la última palabra sigue en manos de la Justicia vial.