Buscan establecer la paridad de género en la Corte Suprema
La iniciativa también plantea que la presidencia del tribunal se ejerza de forma alternada entre hombres y mujeres.

La diputada nacional Gabriela Estévez presentó un proyecto de ley que propone establecer la paridad de género en la Corte Suprema de Justicia, fijando que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. La iniciativa también incluye la alternancia de género en la presidencia del máximo tribunal, en un intento por modificar una estructura históricamente dominada por varones.
El proyecto surge en un contexto donde la Corte funciona actualmente con tres integrantes, todos hombres, sobre un total previsto de cinco miembros. En ese marco, la cobertura de vacantes aparece como una oportunidad para avanzar hacia una composición más equilibrada, aunque sin garantías de que el Ejecutivo impulse nombramientos en esa dirección.


Además de la paridad, la propuesta establece que los futuros jueces y juezas deberán acreditar formación en género y diversidad, bajo el argumento de que las decisiones judiciales tienen impacto directo en la vida de mujeres y diversidades. El texto cuenta con el respaldo de legisladores del oficialismo y sectores aliados.
En los fundamentos, Estévez advierte sobre la histórica exclusión de mujeres en la conducción del tribunal y cuestiona la falta de reglas claras en la duración de las presidencias, que en muchos casos quedaron concentradas durante años en manos de los mismos perfiles. Frente a esto, propone mantener mandatos de tres años, pero con alternancia obligatoria.
La iniciativa también se apoya en compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como la CEDAW y la Plataforma de Beijing, que promueven la participación equitativa en los espacios de decisión. En esa línea, se plantea la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural del Poder Judicial con perspectiva de género.
Sin embargo, el debate se da en un escenario político complejo, donde la definición de la Corte Suprema está atravesada por tensiones entre el Gobierno y la oposición. En ese contexto, la propuesta abre una discusión de fondo sobre la falta de representatividad del máximo tribunal y la necesidad de cambios que, hasta ahora, siguen sin concretarse.













