La Cámara de Casación confirmó la absolución de Aída Ayala en la causa por presunto fraude en Quitilipi

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el miércoles pasado la absolución de la ex intendente de Resistencia y antigua secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Aída Beatriz Ayala, junto a Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, en la causa que investigaba una presunta maniobra de fraude contra la administración pública vinculada a la compra de herramientas y maquinarias por casi un millón de pesos para el municipio de Quitilipi, en el Chaco, durante 2016. La decisión fue adoptada por mayoría de los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, mientras que Mariano Borinsky se pronunció a favor de anular las absoluciones y ordenar un nuevo juicio.

El caso giraba en torno al convenio N° 0330, suscripto entre Ayala y el entonces intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, mediante el cual se otorgó un subsidio de $998.537 destinado a la adquisición de maquinarias. La totalidad de esos fondos terminó en manos de Claudio Alejandro Tolosa, dueño de la firma Service Hogar, quien cobró el cheque el mismo día en que se emitió e incluso antes de que se registrara la entrega de la mercadería. La Fiscalía sostenía que la operación fue digitada por Ayala a través de Balmaceda Paiva y Vilte, quienes trabajaban en el municipio chaqueño y formaban parte de su círculo de confianza desde la Fundación Construir y la gestión en la intendencia de Resistencia.

El voto mayoritario, liderado por Carbajo y respaldado por Hornos, consideró que la sentencia absolutoria del Tribunal Oral de Resistencia contaba con fundamentos suficientes para ser válida. Ambos jueces señalaron que las irregularidades detectadas en la contratación, como la omisión de la licitación pública exigida por la normativa municipal para compras superiores a $200.000 y la falta de comunicación al Concejo Deliberante, recaían en la esfera de responsabilidad del intendente Casalboni, quien fue sobreseído por prescripción. También destacaron que la acusación no aportó una pericia técnica que acreditara fehacientemente la existencia de sobreprecios y que la normativa nacional vigente al momento de la rendición de cuentas no obligaba a la Secretaría de Asuntos Municipales a controlar el cumplimiento de las reglas locales de contratación.

En su voto en disidencia, Borinsky planteó que el tribunal de juicio había valorado la prueba de manera fragmentada y aislada, descartando individualmente indicios que, analizados en conjunto, podían conducir a un resultado distinto. Según su postura, la relación preexistente entre los imputados, las anomalías en el proceso de pago, el informe del Tribunal de Cuentas provincial que observó el gasto por falta de documentación respaldatoria y la declaración de Tolosa reconociendo el vínculo funcional con Vilte debieron ser ponderados de forma articulada. Propuso anular las absoluciones y reenviar la causa para un nuevo pronunciamiento.

Con esta resolución, registrada bajo el número 161/26.4, queda firme la absolución de los tres acusados salvo que el Ministerio Público Fiscal concrete la reserva del caso federal y logre que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en la causa. Tolosa, por su parte, ya había accedido previamente a una suspensión del juicio a prueba, y Casalboni fue apartado del proceso por prescripción de la acción penal en relación con el delito de abuso de autoridad.