La Justicia ordenó devolver todos los bienes a Aída Ayala y a los absueltos de la causa Lavado II

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia ordenó el levantamiento definitivo de todos los embargos e inhibiciones que pesaban sobre la exintendenta Aída Ayala y otros cinco absueltos en la causa conocida como Lavado II. También dispuso la inmediata restitución de los bienes secuestrados durante la investigación, que había puesto la lupa sobre el servicio de recolección de residuos durante su gestión al frente del municipio.

La resolución lleva la firma de los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano, y fue dictada este martes. Además de Ayala, alcanza al empresario D.A.F., vinculado a la firma PIMP S.A., y a L.E., A.E.B., P.N.V. y C.S.H. Iglesias y Bosch integraron también el tribunal que en mayo de 2024 dictó las condenas en este expediente.

La decisión fue consecuencia directa de lo resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El 1 de julio de este año, esa sala revocó por mayoría las medidas cautelares a partir de un recurso presentado por la defensa de D.A.F., al que adhirieron otros imputados. El 8 de septiembre, la misma sala declaró inadmisible el recurso extraordinario del Ministerio Público Fiscal, que recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fiscal general sostuvo que las absoluciones no están firmes mientras la queja siga en trámite. Según su planteo, el Código Procesal Penal otorga efecto suspensivo a los recursos de la Fiscalía cuando están en juego intereses públicos y compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción. Por eso pidió que los embargos, las inhibiciones y las intervenciones societarias siguieran vigentes hasta que la Corte se pronuncie sobre la condena original.

El tribunal rechazó esa postura. Recordó que las decisiones de Casación son de cumplimiento obligatorio para los tribunales orales y que, según la jurisprudencia de la Corte, la sola presentación de una queja no frena la ejecución de lo resuelto, salvo que el máximo tribunal lo ordene expresamente. Los jueces advirtieron que las medidas cautelares no pueden convertirse en "un recurso indefinido del Estado" a la espera de que la Corte revoque, en algún momento, una absolución. Agregaron que sostenerlas sobre personas absueltas afecta derechos constitucionales como el de propiedad.

En esa línea, la resolución señala que si el Estado considera que existen daños por reparar o deudas pendientes, tiene a disposición las vías civiles correspondientes. Para el tribunal, mantener bloqueado el patrimonio de los absueltos equivaldría a una ejecución anticipada sin condena firme.

En la práctica, el fallo ordena devolver muebles, inmuebles y documentación secuestrada, según el detalle de cada presentación y el inventario del Incidente Nº 99, previo inventario y acta de entrega. Si hay diferencias entre lo que figura en las actas de secuestro y lo que reclaman las partes, prevalecerán las actas labradas en su momento. El desgaste o las modificaciones que sufrieron los bienes con el paso del tiempo no invalidan esa correspondencia.

La decisión también alcanza a las empresas que estaban bajo administración judicial, como RECIFIS SRL y DAFSA SA. Una vez concretada la devolución, cesarán las funciones de los interventores y veedores designados. Los oficios dirigidos al Registro de la Propiedad Inmueble, al Registro Automotor y al Banco Central quedaron delegados en los abogados defensores. La incidencia se resolvió sin costas y el tribunal tuvo presentes las reservas de recurso.

La causa Lavado II tuvo más de siete años de trámite. En mayo de 2024, el TOF condenó a Ayala a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por fraude en perjuicio de la administración pública, y la absolvió por lavado de dinero. En octubre de 2025, la Sala IV de Casación anuló todas las condenas y absolvió a la exintendenta y a los demás acusados. En marzo de este año, Ayala también fue absuelta de manera confirmada en otra causa, vinculada a un subsidio nacional otorgado al municipio de Quitilipi.