"No tengo dudas de que el municipio y Diego van a salir fortalecidos", aseguró el abogado de Landriscina

El abogado defensor de Diego Landriscina, Marco Molero, aseguró que su cliente y el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña son damnificados en la causa que investiga las operatorias financieras realizadas a través de la Bolsa de Comercio del Chaco. En ese marco, sostuvo que el expediente atraviesa una etapa inicial de análisis de pruebas y de toma de declaraciones testimoniales a inversores que, según planteó, se encontrarían en una situación similar.

"No tengo dudas de que los municipios y Landriscina van a salir fortalecidos de esto", afirmó Molero, al expresar su mirada sobre el rumbo de la investigación. Según explicó, una de las líneas que empieza a tomar fuerza en la causa es la citación de inversores damnificados, entre los que ubicó al propio Landriscina a nivel personal y también al municipio saenzpeñense. De acuerdo con su estimación, hasta el momento habría al menos cinco personas o entidades alcanzadas por esa condición, aunque consideró que el número podría aumentar.

El abogado también señaló que la otra gran vía de avance estará dada por el análisis del material secuestrado en los allanamientos realizados en Sáenz Peña, Resistencia y Charata. "La fiscalía está comenzando a procesar la prueba para su teoría del caso", indicó. En relación con el procedimiento realizado sobre bienes vinculados a su defendido, minimizó la relevancia de lo secuestrado y sostuvo que, de manera extraoficial, tuvo referencias sobre la prolijidad con la que estaba organizada la documentación exhibida a los investigadores.

Respecto de la situación procesal de Landriscina, Molero aclaró que todavía no existe una imputación formal. "El Código Procesal Penal Federal exige que haya una audiencia de imputación a partir de la cual se adquiere el rol de imputado", explicó. En ese sentido, remarcó que, hasta ahora, no se realizó una audiencia de ese tipo sobre ninguno de los involucrados, por lo que, a su criterio, hoy solo puede hablarse de personas sospechadas dentro de una investigación en curso.

Durante la entrevista, el defensor insistió en que el municipio debe ser considerado víctima. "No tengo la menor duda, claramente que el municipio es víctima, es doblemente víctima", sostuvo. Argumentó que, por un lado, resultó afectado como inversor y, por otro, quedó expuesto públicamente en medio de lecturas políticas y mediáticas sobre una operatoria que, según su postura, estaba habilitada legalmente. También recordó que, de acuerdo con su visión, no se trató de una maniobra prohibida en sí misma, sino de una inversión que sufrió una interrupción en la cadena de pagos por falta de fondos de los libradores.

Molero agregó que este tipo de operaciones no habrían sido exclusivas de Sáenz Peña, sino que distintos municipios e instituciones habrían invertido en la Bolsa a lo largo del tiempo. Por eso entendió que, una vez que baje la tensión pública y avance el examen judicial del caso, quedará más claro el reparto de responsabilidades. En esa línea, deslizó que la atención no debería centrarse solo en los funcionarios o en el municipio, sino también en la entidad y en quienes emitieron los títulos que luego no fueron cubiertos.

Por último, confirmó que su defendido todavía no fue citado a declarar, aunque no descartó que eso ocurra en el transcurso de la semana. Mientras tanto, la defensa sostiene una postura de confianza frente al expediente y apuesta a que el análisis de la documentación secuestrada permita reordenar el caso y redefinir el lugar que ocuparon cada uno de los actores involucrados.