Mahiques impulsará 337 nombramientos en la Justicia federal

 
El Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, anunció el domingo que pondrá en marcha el procedimiento para cubrir 337 cargos vacantes en el Poder Judicial federal: 200 jueces, 72 defensores y 65 fiscales. Como primer paso, el organismo actualizará los antecedentes penales de los candidatos preseleccionados y verificará que su situación patrimonial e impositiva esté en regla ante la ARCA, tal como exige la normativa vigente.

El proceso de designación implica que el Ejecutivo seleccione a sus candidatos de entre las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, eleve los nombres al Senado y aguarde el dictamen de la Comisión de Acuerdos antes de la votación en el recinto. Para ser aprobados, los postulantes necesitan mayoría simple de los senadores presentes, un umbral que el oficialismo puede alcanzar con relativa comodidad: el bloque de La Libertad Avanza reúne 21 legisladores y suma el apoyo de sectores aliados, lo que le permitió aprobar varias iniciativas del presidente Javier Milei en las últimas sesiones extraordinarias.

La situación que motiva esta decisión es de larga data y se agravó durante la actual gestión. En 2023, al asumir, Milei retiró del Senado todos los pliegos enviados por la administración anterior para revisarlos, pero no presentó candidatos propios. El resultado es que hoy 364 de los 1.002 cargos de jueces federales y nacionales están sin cubrir: 203 de esas vacantes dependen del Ejecutivo y el resto está en trámite en el Consejo de la Magistratura. La acumulación de puestos sin titular sobrecarga a los magistrados en funciones, retrasa la resolución de causas y obliga a recurrir cada vez más a la figura de los jueces subrogantes.

A ese panorama se suman otras posiciones estratégicas que todavía no tienen titular, como la Procuración General de la Nación y dos sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el propio Mahiques aclaró en sus primeros días al frente del ministerio que esos asuntos no forman parte de las prioridades inmediatas del Gobierno.