Arranca en Santa Cruz el juicio por el hundimiento del ARA San Juan

Este martes comienza en Río Gallegos el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que se perdió en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017 tras una explosión en sus baterías. Los cuatro acusados son exmiembros de la cadena de mando de la Armada: Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de adiestramiento y alistamiento naval; Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, exjefe de operaciones. Están imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por resultado de muerte.

El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, deberá analizar qué fallas de mantenimiento, operativas o de conducción contribuyeron a la tragedia que enlutó a la Armada y al país entero. Se prevé que las audiencias se celebren de lunes a jueves en semanas alternadas y que el proceso se extienda hasta julio, con la presentación de pruebas, peritajes y testimonios de las partes.

La sede del juicio fue motivo de disputa durante meses. En octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidió que el proceso debía tramitarse en la capital santacruceña, al descartar los pedidos de trasladarlo a Mar del Plata o a Comodoro Py. Los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos argumentaron que, dado que la tragedia ocurrió en alta mar y el submarino nunca llegó a puerto alguno, correspondía mantener la intervención del tribunal de origen y evitar nuevas demoras en un caso que lleva más de ocho años sin resolución.

El proceso avanza sin responsables políticos en el banquillo. La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exdirectivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa paralela por presunto espionaje a familiares de las víctimas, quienes habían denunciado seguimientos y recolección de sus datos personales mientras reclamaban respuestas por la pérdida de los 44 tripulantes. Tampoco fue citado a declarar como testigo ningún funcionario del gobierno de aquel entonces, lo que reaviva el malestar de las familias que durante años exigieron que las responsabilidades alcanzaran a la conducción política de la fuerza.