"Los fondos públicos no pueden ir a un tramo no garantizado", señaló el abogado del Municipio

La Justicia provincial ordenó el embargo preventivo de casi $2.000 millones a la Bolsa de Comercio del Chaco, en el marco de una acción de amparo presentada por el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña. La medida fue dictada por el juez Carlos De Cesare y establece la inmovilización de los fondos en una cuenta judicial mientras se sustancia el proceso principal. El planteo municipal sostiene que recursos públicos fueron invertidos en un segmento de alto riesgo, en contradicción con la normativa vigente.

El abogado del Municipio, Julio García, explicó que el amparo es una herramienta prevista para situaciones en las que existe una presunta vulneración de derechos y se requiere una respuesta urgente. "Se presume o se puede evidenciar que los derechos están siendo violentados o inminentemente van a ser violentados", señaló. En este caso, la demanda fue acompañada por una medida cautelar que busca garantizar que el dinero permanezca disponible hasta que exista una sentencia definitiva.

García aclaró que la cautelar no implica el reintegro inmediato de los fondos. "No quiere decir que este dinero va a ser devuelto al municipio de manera inmediata", afirmó. Según detalló, el proceso continuará respetando los plazos judiciales y el derecho de defensa de la Bolsa. Mientras tanto, el embargo actúa como resguardo para evitar que el patrimonio pueda ser movilizado o diluido antes de la resolución final.

El eje del planteo gira en torno al perfil de inversión asignado a los fondos municipales. De acuerdo con la presentación judicial, el dinero fue depositado bajo un perfil conservador, pero terminó operando en un tramo no garantizado, considerado de mayor riesgo. "El perfil que fueron depositados estos dineros no era el que la municipalidad denunció como tal, sino el perfil agresivo que es el no garantizado", explicó el letrado.

Además, sostuvo que la normativa de la Comisión Nacional de Valores establece límites claros cuando se trata de recursos estatales. "La ley establece que los fondos públicos no pueden transitar, no pueden ser depositados en ese tipo de tramo", remarcó. Incluso planteó que, aun en el supuesto de que un funcionario hubiese solicitado una operatoria de mayor riesgo, la entidad financiera debía rechazarla: "La Bolsa me tuvo que decir: ‘No, usted no puede porque son fondos públicos’".

En paralelo, se espera el levantamiento del secreto bursátil para conocer con mayor precisión el recorrido del dinero y determinar responsabilidades. García indicó que el objetivo del proceso no es solo una eventual condena, sino esclarecer los hechos y restituir los fondos al erario público si así lo dispone la sentencia. Hasta que eso ocurra, los casi $2.000 millones permanecerán bajo control judicial.