La Fiscalía pidió levantar el secreto bursátil en la causa contra la Bolsa: "solo presentó el 20% de lo requerido"

La Fiscalía Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña avanza en la investigación sobre el manejo de fondos municipales invertidos a través de la Bolsa de Comercio del Chaco. El fiscal Marcelo Soto confirmó que, hasta el momento, la entidad solo remitió aproximadamente el 20% de la documentación solicitada y que para completar el resto será necesario el levantamiento del secreto bursátil. "Hoy mismo estamos requiriendo al juzgado de garantía que levante el secreto bursátil para que la Bolsa nos conteste todo lo que es necesario para proseguir", señaló.

La causa se inició a partir de dos denuncias: una presentada por el Municipio contra la Bolsa y otra impulsada por el diputado Pérez Pons contra el Ejecutivo local. Soto explicó que ambas investigaciones tramitan por separado y que, en una primera etapa, se dio prioridad a la denuncia municipal. En ese marco, se requirieron informes a la Bolsa de Comercio, a la Secretaría de Economía, al Concejo Deliberante, al Banco del Chaco y al Tribunal de Cuentas. Hasta ahora, solo se recibió parte de la información enviada por la entidad bursátil.

El eje de la investigación apunta a determinar si existía un convenio marco entre el Municipio y la Bolsa, desde cuándo regía y si fue modificado a lo largo del tiempo. "Lo genérico sería si existía o no existía algún convenio marco, desde cuándo existía ese convenio y si se modificó", explicó el fiscal. Según la presentación municipal, el acuerdo dataría de 2019, pero la Fiscalía busca verificar si hubo cambios posteriores que hayan impactado en las operaciones financieras realizadas.

Otro punto bajo análisis es el perfil de riesgo asignado a la cuenta municipal. Soto indicó que el expediente menciona distintas categorías de inversores y que, según el perfil —conservador, moderado o de riesgo—, varían las operaciones permitidas. "Son cuestiones muy técnicas", sostuvo, al tiempo que remarcó que se están revisando numerosos documentos antes de arribar a conclusiones preliminares.

En cuanto a las eventuales responsabilidades penales, el fiscal señaló que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que aún no hay imputaciones. Sin embargo, mencionó que en la denuncia se alude a posibles delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con la función pública. "Es muy pronto para poder establecer", aclaró, y agregó que primero deben reunirse todos los informes solicitados.

La causa se desarrolla en paralelo a la resolución judicial que dispuso un embargo preventivo por $1.890 millones contra la Bolsa de Comercio del Chaco, a raíz de una acción de amparo presentada por el Municipio. Esa medida, firmada por el juez Carlos Augusto De Cesare, busca resguardar fondos públicos mientras se analiza el fondo del conflicto. Soto aclaró que el magistrado no interviene en la investigación penal en curso y que, salvo que surja algún delito de competencia federal, el caso continuará en el ámbito de la Justicia provincial.