Grave: La Justicia ordenó embargo por casi $1.900 millones a la Bolsa de Comercio del Chaco por fondos públicos de Sáenz Peña 

La medida fue dispuesta en la Resolución Nº 15, firmada por el juez Carlos Augusto De Cesare, con intervención de la secretaria Silvia Analía Vittar.

El magistrado consideró acreditada, en esta instancia preliminar, la verosimilitud del derecho del Municipio. Señaló que los fondos en discusión son recursos públicos municipales, no dinero privado, por lo que corresponde resguardarlos mientras se analiza el fondo del conflicto.

El juez entendió que, por tratarse de dinero del Estado local, era necesario adoptar una medida urgente para evitar un daño mayor. La decisión no implica una sentencia definitiva, pero habilita "el embargo como resguardo preventivo".

Qué reclama el Municipio ?

La comuna sostiene que fondos públicos fueron invertidos en instrumentos de mayor riesgo sin autorización.

Según la demanda:
 • La cuenta figuraba con perfil "Inversor Conservador".
 • No había instrucción formal para operar en el segmento No Garantizado (NOGA) del Mercado Argentino de Valores.
 • El perfil habría sido modificado sin aval oficial.

Como consecuencia, el Municipio afirma que no pudo cobrar cheques de pago diferido adquiridos en ese segmento, generando un perjuicio millonario.

Fundamentos de la cautelar

El embargo se concedió tras verificar: Verosimilitud del derecho (existencia prima facie del reclamo). Peligro en la demora (riesgo de que se frustre el recupero del dinero). Exención de contracautela por tratarse del Estado municipal. Los montos del embargo son millonarios para la Bolsa de Comercio Chaqueña. 

Detalle 
 • Capital: $1.350.493.646,48
 • Intereses y costas: $540.197.458,59
 • Total: $1.890.691.105,07

Se ordenó además notificar la medida a las entidades financieras a través del Banco Central de la República Argentina para inmovilizar eventuales fondos y transferirlos a una cuenta judicial. La resolución es provisoria. Ahora el proceso deberá determinar si existió incumplimiento contractual, negligencia o una conducta de mal manejo financiero. Hasta que eso se defina, casi $1.900 millones quedaron bajo control judicial.